Estados Unidos. El Gobierno de Donald Trump ha dado un paso audaz en su intento de reducir la burocracia federal con la firma de una nueva orden ejecutiva. Esta iniciativa, que pretende optimizar la estructura gubernamental, ha sido respaldada por el magnate Elon Musk, quien lidera un equipo especial enfocado en identificar áreas de despilfarro y funciones redundantes dentro de las agencias del gobierno.
Durante la ceremonia de firma en la Casa Blanca, Musk apareció con su hijo y una gorra con el lema “Make America Great Again”, enfatizando la necesidad de una burocracia más ágil y eficiente.
“No se puede tener una burocracia federal autónoma. Tienes que tener una que responda a la gente”, declaró el empresario, justificando su papel en la reestructuración.
El decreto establece una regla estricta de contratación: por cada cuatro empleados que se jubilen, solo se podrá contratar uno nuevo. Asimismo, ordena a todas las agencias colaborar con el equipo de Musk en la identificación de recortes masivos. No obstante, sectores clave como la seguridad nacional, el cumplimiento de la ley y la inmigración quedan exentos de estas medidas.
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Pese a la ambición de la reforma, el funcionamiento interno del denominado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) sigue siendo un enigma. No se han revelado los nombres de sus miembros ni los criterios específicos que emplearán para evaluar y eliminar puestos de trabajo. Las cifras de ahorro divulgadas hasta el momento son generales y carecen de detalles sobre el impacto real en el presupuesto.
El plan enfrenta obstáculos legales. Tribunales federales ya han bloqueado intentos previos de reorganización, y demandas recientes buscan frenar los despidos masivos. Musk, a través de su red social X, ha criticado duramente a los abogados que han interpuesto estas demandas, acusándolos de entorpecer la reforma gubernamental.
A pesar de los cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés debido a los contratos de SpaceX con el gobierno, Trump ha reafirmado su confianza en Musk y en la transparencia del proceso. Con 2.3 millones de empleados civiles en el aparato gubernamental, esta reforma promete generar tanto entusiasmo como controversia en la política estadounidense.
