Argentina. En medio de los reclamos al Gobierno de Javier Milei por la suspensión de la entrega de alimentos en miles de comedores populares, autoridades argentinas resguardaron 27 puntos de asistencia por denuncias de extorsión en contra de los responsables de estos centros.
Las autoridades buscan determinar si existieron al menos 12 casos de extorsión por la entrega de ayudas a cambio de participación en manifestaciones contra al Gobierno, lo anterior por denuncias anónimas y escuchas telefónicas.
“Los responsables canalizaron fondos ilícitos provenientes de las extorsiones a través de cooperativas, desconociéndose el destino final de ese dinero”, indicó el Ministerio de Seguridad.
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En contraparte las organizaciones sociales aseguraron que las denuncias buscan el descrédito y la persecución a sus dirigentes, la mayoría críticos al gobierno de Milei.
Tras asumir el 10 de diciembre, el gobierno de Javier Milei suspendió la entrega de alimentos a miles de comedores, mientras audita el destino de los recursos que recibían.
Sin embargo, el Ministerio de Capital Humano, encargado de la ayuda social, denunció que la mitad de los comedores no pudieron auditarse porque no están registrados o no funcionan como tal.
