"Mano negra" en la Ley Arizona

Washington, EU.-  Tras una investigación que le ha llevado varios meses a sus periodistas, National Public Radio (NPR) reveló ayer que detrás de la polémica ley antiinmigrante SB1070 se encuentran no sólo la urgencia electoral de varios políticos, sino también intereses de empresas y cabilderos que se confabularon para crear la polémica iniciativa.
Estos últimos tienen el objetivo principal de impulsar la construcción de cárceles para indocumentados, uno de los negocios con más futuro en Estados Unidos, al tiempo que explotan electoralmente el clima de odio y rechazo hacia la comunidad inmigrante.
Cuando la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, promulgó en abril pasado la citada ley, muy pocos dudaron de que era producto de su urgencia política para ganar los comicios primarios y tratar de reelegirse en el cargo el 2 de noviembre próximo.
Tras la suspensión de la iniciativa ?que valora la Corte de Apelaciones del Circuito Nueve en San Francisco?, organizaciones defensoras de la comunidad latina siguieron denunciando sus motivaciones políticas. Pero lo que no habían descubierto son los intereses económicos detrás de la ley, confeccionada por Corrections Corporation of America (CCA), el más importante contratista privado de sistemas carcelarios en Estados Unidos.
Según el reporte elaborado por NPR, legisladores como Rusell Pearce mantuvieron reuniones con representantes del grupo denominado American Legislative Exchange Council (ALEC), una organización ?paraguas? que incluía a cabilderos de CCA.
Esos encuentros marcaron el nacimiento de la SB1070, una iniciativa que ha sido hija de la oportunidad en momentos en que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) implementa una de las más agresivas campañas de redadas y deportaciones contra la población indocumentada, con un promedio de mil detenciones por día.
?Las revelaciones de NPR rayan en lo obsceno?, consideró Frank Sharry, de la organización América?s Voice.
?Ahora sabemos quién se ha querido beneficiar de esta ley, y no son precisamente los residentes latinos a quienes se les sigue tratando como ciudadanos de segunda clase?, añadió.
Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el denominado programa de detenciones y deportaciones de ICE administra un promedio de 32 mil detenidos por día a un costo promedio de entre 90 y 100 dólares por cabeza, un negocio codiciado por empresas como CCA.