Estados Unidos. La reactivación de la pena de muerte en Estados Unidos ha generado controversia, especialmente por su aplicación en casos que involucran a inmigrantes indocumentados. Pam Bondi, fiscal general, ha impulsado medidas que priorizan la ejecución de sentencias capitales en delitos graves, revirtiendo la moratoria impuesta en 2021.
Un reciente memorándum del Departamento de Justicia (DOJ) establece nuevas directrices para que los fiscales federales soliciten la pena de muerte en más casos, con especial atención a crímenes relacionados con inmigrantes ilegales, cárteles y organizaciones criminales transnacionales.
La revisión de sentencias previas también es parte de esta estrategia, con un plazo de 120 días para reconsiderar casos que anteriormente no fueron considerados para la pena capital.
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Uno de los hechos mencionados en el documento es el asesinato del agente de la Patrulla Fronteriza David Maland en Vermont, un caso emblemático de la política de Bondi. Además, se han puesto en la mira crímenes violentos como asesinatos de policías y delitos cometidos en jurisdicciones federales.
La fiscal general también ha reforzado el apoyo a los estados para llevar a cabo ejecuciones, garantizando el acceso a sustancias letales aprobadas. Paralelamente, ha endurecido su postura contra las llamadas “jurisdicciones santuario”, limitando los fondos federales a aquellas que no cooperen con las autoridades migratorias.
Las nuevas medidas han provocado un intenso debate. Organizaciones como la ACLU advierten que esta política podría derivar en discriminación basada en el origen nacional, mientras que defensores de derechos humanos la califican de inconstitucional. Con estos cambios, la aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos podría tomar un rumbo más estricto y polémico en los próximos años.
