Estados Unidos. La Corte Suprema de Texas ha autorizado este viernes la ejecución de Robert Roberson, un hombre de 58 años de edad condenado por la muerte de su hija, Nikki, de dos años. Roberson ha mantenido su inocencia desde su condena en 2003 y, según su defensa, su caso fue marcado por serias fallas en el juicio. La defensa sostiene que su condición de autismo fue mal comprendida, lo que afectó su capacidad para comprender el proceso judicial y explicar los hechos en torno a la tragedia.
Roberson fue condenado tras ser acusado de agredir a su hija, quien supuestamente sufrió el síndrome del niño sacudido, una teoría médica que ha sido ampliamente cuestionada y desmentida por expertos actuales. Aunque el fiscal general de Texas, Ken Paxton, ha defendido la culpabilidad de Roberson, argumentando que él causó la muerte de su hija, la defensa argumenta que el diagnóstico del síndrome fue erróneo y que la verdadera causa de la muerte fue una neumonía no tratada adecuadamente.
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En octubre de este año, un comité del Parlamento de Texas solicitó que Roberson testificara sobre el uso de teorías científicas obsoletas en juicios de pena capital. Sin embargo, las autoridades estatales bloquearon dicha comparecencia, y un juez determinó que solo el gobernador tiene la autoridad para suspender una ejecución. A pesar de este conflicto, Roberson podría aún ser llamado a testificar ante el comité, siempre que no interfiera con el proceso de ejecución.
El caso ha sido muy controvertido, ya que la defensa argumenta que, además de la errónea interpretación de pruebas científicas, el diagnóstico tardío de autismo de Roberson contribuyó a su condena injusta. Recientemente, un detective del caso admitió su arrepentimiento por haber participado en el juicio, ya que ahora considera que Roberson fue injustamente condenado debido a su incapacidad para entender las circunstancias.
Este caso sigue generando un intenso debate sobre la validez de las condenas a muerte basadas en pruebas científicas cuestionables y sobre cómo los tribunales abordan la salud mental y neurológica de los acusados.
