Colombia. Gracias a una ley impulsada en 2023 por el gobierno de Gustavo Petro, Colombia ha liberado a 99 mujeres que cumplían condenas por delitos menores relacionados con drogas. Esta normativa, pensada para madres cabeza de hogar en condiciones de pobreza, busca no solo descongestionar las cárceles, sino también replantear la política antidrogas desde una perspectiva de género y justicia restaurativa.
Aunque más de dos mil 600 reclusas son candidatas, solo un centenar ha logrado beneficiarse hasta ahora, debido a los filtros judiciales que se deben superar. Las mujeres liberadas deben comprometerse a realizar trabajo social como parte del cumplimiento de su condena, siempre bajo autorización de un juez.
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La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, destacó que uno de los principales objetivos del programa es brindar una segunda oportunidad a mujeres marcadas por la pobreza, la violencia o el abandono. En Colombia, las mujeres representan el 13 % de la población carcelaria y, según la CIDH, los delitos de drogas son la causa más frecuente de su detención en América Latina.
El testimonio de Diana Carolina Plata, excarcelada tras cinco años presa por vender marihuana, evidencia los desafíos emocionales de volver a casa. Otra joven detenida por robo espera acogerse a la ley, aunque admite el peso del arrepentimiento y la falta de oportunidades laborales.
Organizaciones como Mujeres Libres advierten que, aunque la libertad se logra, el verdadero reto es la reintegración: muchas siguen siendo proveedoras en entornos vulnerables sin redes de apoyo ni empleos dignos.
