Culiacán, Sin.- Una vez que los exintegrantes del Comité de Adquisiciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) paguen los 20 millones de pesos que les exigió un juez para finalizar sus procesos penales, la Fiscalía General del Estado (FGE), investigará la legalidad del recurso, declaró Claudia Zulema Sánchez Kondo.
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Entrevistada en el marco de la “Expo Agro Sinaloa 2025”, la funcionaria estatal fue cuestionada sobre la activación de una cuenta de la UAS para recibir donaciones y reunir el dinero que se pide a los imputados.
La fiscal informó que ya están revisando este asunto, donde los integrantes de dicho comité durante la rectoría de Jesús Madueña Molina y Juan Eulogio Guerra Liera, deberán pagar el dinero en un plazo máximo de seis meses.
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Recordó que el juez de control autorizó la suspensión condicional del proceso en todos los casos que le inició a funcionarios de la UAS , el cual debe cumplirse o de lo contrario quedará sin efecto la salida alterna.
“En cuanto a la Fiscalía es un tema que estamos checando, las personas imputadas tienen la obligación de reparar el daño. Nosotros por parte de la Fiscalía estamos revisando la parte de la legalidad en cuanto ya se tenga el pago hecho al juzgador”, dijo.
En un plazo de seis meses, los integrantes del Comité de Adquisiciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) deberán pagar 20 millones de pesos para que un juez de control suspenda los procesos penales en su contra.
Cabe aclarar que este pago se aplicará en dos partes, dividida en 10 millones de pesos para quienes formaron parte de dicho Comité durante el periodo de rector de Juan Eulogio Guerra Liera y la misma cantidad para quienes lo integraron en el periodo de Jesús Madueña Molina.
En audiencia especial celebrada el pasado 28 de enero, el juez de control Carlos Alberto Herrera aprobó la suspensión provisional, lo que les impide llegar a juicio y ser sancionados por los casos en los que están acusados.
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En tanto, este martes la Universidad Autónoma de Sinaloa informó que se habilitó una cuenta de la institución para recibir donaciones de universitarios y del público en general y así poder reunir los 20 millones de pesos que el juez les exige a los exintegrantes del Comité de Adquisiciones.
