Culiacán, Sinaloa. Transportistas de Sinaloa atraviesan una de las peores crisis económicas de la historia, y el sector está pasando por los 15 días más críticos del año, lamentó el presidente de la Federación de Autotransportes del Estado, Joel Camacho González.
Sigue al momento la información del centro de Sinaloa en la sección especial de Línea Directa
Por lo anterior, pidió con urgencia que se le dé celeridad a la actualización de tarifas debido a que suman tres años sin revisión de tarifas en el servicio urbano.
Señaló que la combinación de factores como la salida de vacaciones de gobierno, la suspensión de clases y la baja actividad económica, han generado una caída drástica en la demanda del servicio.
Debes leer: Transporte urbano en Culiacán opera con pérdidas por baja demanda, inseguridad y vacaciones
Explicó que la situación no es nueva, pero se ha agravado considerablemente por la falta de apoyo oficial y la ausencia de una revisión tarifaria.
“Estamos cumpliendo tres años sin que se actualicen las tarifas. Es urgente que el gobierno nos ayude, que nos escuche. Los camiones no alcanzan ni para el mantenimiento”, expresó.
El líder del gremio insistió en la necesidad de establecer un diálogo directo con el Gobierno del Estado para analizar alternativas inmediatas y de mediano plazo.
Aunque evitó hablar en cifras exactas, Camacho admitió que el flujo de pasajeros ha caído de manera muy significativa en estas semanas, en las que tradicionalmente se paraliza buena parte del sector educativo y administrativo.
Te puede interesar: ¿Qué necesitas para tramitar la Tarjeta Inteligente para el transporte urbano en Sinaloa? Saca cita
Asimismo, puntualizó que la problemática se ha visto agravada por condiciones externas como la inseguridad y la sequía que ha golpeado a otras áreas económicas, y la falta de subsidios o incentivos para enfrentar el alza en los costos de operación.
Finalmente, Joel Camacho González hizo un llamado urgente al gobernador Rubén Rocha Moya para abrir espacios de diálogo y definir una ruta conjunta que permita sostener el transporte público sin afectar más a los trabajadores del volante ni a los usuarios.
