Culiacán, Sinaloa.- Al Congreso del Estado de Sinaloa los han notificado de 21 expedientes de juicios de amparo contra la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), informó la presidenta de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, Yeraldine Bonilla Valverde.
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En ese sentido informó que el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, consideró que la reforma a la Ley Orgánica de la UAS no es violatoria de derechos, por lo que negó la suspensión provisional a 10 recursos de amparo recibidos, que son los 631/2024-4A; 626/2024-3; 625/2024-2; 616/2024-3; 615/2024-2; 623/2024-7B; 617/2024-4A; 618/2024-5 y 622/2024-6B; 624/2024-1.
Sin embargo, puntualizó que en el resto, los cuales fueron interpuestos en el Juzgado Octavo con sede en la ciudad de Mazatlán se les concedió la suspensión provisional.
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Al respecto la también diputada por Morena subrayó que los juicios de amparo interpuestos contra la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, tienen la ilegal intención de paralizar la armonización de las leyes locales que mandata la reforma educativa, y a su vez el proceso para elegir nuevas autoridades universitarias.
“Nos han notificado a este Congreso del Estado, 21 expedientes de juicio de amparo, lo cual es el inicio de un procedimiento legal que muy probablemente se declare infundado, ya que no existe violencia a la autonomía universitaria. Desde el Congreso del Estado estaremos muy pendientes a las determinaciones de las autoridades competentes”, expresó.
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Bonilla Valverde hizo una breve cronología del proceso legislativo que se llevó a cabo para reformar la Ley Orgánica de UAS, así como de las reiteradas invitaciones que se hicieron a las autoridades universitarias, para participar en la discusión de las 36 iniciativas presentadas para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la citada ley.
Asimismo, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso resaltó que también se les convocó a presentar una iniciativa propia, que garantizara la paridad de género en sus nombramientos directivos, la gratuidad de la educación, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a elegir a su rector, entre otros; así como a organizar una consulta previa e informada, sobre los beneficios de reformar su normativa.
En todos los casos, expuso que observó una falta de respuesta, de modo que el proceso legislativo concluyó con la aprobación del Decreto 879 del Congreso del Estado, publicada en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa, en su edición 120, en fecha 2 de octubre del presente año.
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