Culiacán, Sinaloa. En las últimas semanas han incrementado considerablemente los casos y denuncias por secuestro virtual en Sinaloa, principalmente en los municipios de Guasave, Ahome y Culiacán, sin embargo, es complicado que se castigue a los responsables de estas extorsiones telefónicas, ya que ni si quiera se encuentra tipificado como un delito en el Código Penal del Estado.
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Ante esta realidad, el comandante Romeo, inspector General de la Unidad Especializada Antisecuestros (UEA), de la Fiscalía General del Estado, consideró que es un buen momento para que los legisladores locales actualicen el marco legal y así evitar que estos delincuentes actúen al margen de la ley.
En entrevista con Línea Directa, el titular de la UEA comentó que a nivel nacional se viene contemplando que dentro de Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro se incluya la figura de secuestro virtual, ya que solo se reconoce como delito de extorsión.
Dicho trabajo se viene realizando a través de la Coordinación Nacional Antisecuestro, de la cual la UEA de Sinaloa forma parte, pero indicó que lo más recomendable es trabajar de manera local con los diputados.
“A nivel nacional se trabaja en la conformación de una ley general a través de la Coordinación Nacional Antisecuestros, pero soy de la idea de que tenemos que trabajar nosotros por la adecuación de nuestro tipo penal, porque en tanto nosotros no tengamos una ley general estará fuera del margen de la ley. Y seguramente que será muy bueno estudiarse por nuestros legisladores”, expresó.
Al ser cuestionado sobre si aceptaran la invitación a participar en la adecuación del marco legal, el comandante Romeo mencionó que sería un gusto poder coadyuvar para poder crear un marco jurídico más sólido ante esta conducta delictiva y puedan contar con sanciones penales más duras contra quienes lo practiquen.
Recalcó que, más allá de perder un monto económico, las víctimas de secuestro virtual sufren efectos psicológicos que perduran en el tiempo, de ahí la importancia de evitar que esta práctica se extienda y afecte a un mayor número de personas.
“Vamos a revisar normativas para tipificarlo y que se castigue”
Desde el Congreso del Estado de Sinaloa, la diputada presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), María Teresa Guerra Ochoa, se comprometió a revisar y perfeccionar las normativas, con el fin de que se tipifique el secuestro virtual como delito y se castigue en Sinaloa.
Cuestionada por Línea Directa sobre este tema, la legisladora indicó que trabajarán en este asunto para que no exista un vacío legal y poder ajustar el marco normativo en la entidad, principalmente el Código Penal local.
“Vamos a revisar normativas, sabemos que todavía hay una normativa incompleta en esta temática y pues nos comprometemos a actuar para perfeccionar las normas y que se castigue”.
-¿Se buscará tipificar entonces en el Código Penal?
“Sin duda alguna”, afirmó.
También cuestionada al respecto, la diputada local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Irma Moreno Ovalles, recordó que como grupo parlamentario recientemente presentaron una iniciativa sobre la extorsión digital.
“Nosotros presentamos como grupo parlamentario una iniciativa sobre la extorsión digital, precisamente porque ahora se está dando a través de computadoras, celulares, Internet, por llamadas, grabaciones y mensajes, y qué sucede, que la mayoría de la gente no denuncia porque pues para empezar dicen ‘pues no pasa nada’ y aparte de ello no saben qué hacer”, dijo.
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Moreno Ovalles externó que cuando alguien es víctima de extorsión digital o en el caso de secuestro virtual o exprés, en ese momento las personas no saben cómo proceder a la hora de levantar el teléfono.
Explicó que esta iniciativa es precisamente para reformar el Código Penal en el estado y para endurecer las penas para quienes realicen la extorsión digital en Sinaloa, que muchas veces deriva en casos de secuestro exprés o virtual.
Por último, resaltó que espera que pronto sea aprobada la iniciativa para que la ciudadanía sienta un poco de tranquilidad de saber que ya está tipificado y que pueden acudir a denunciar debidamente al Ministerio Público.
