Guasave, Sinaloa. La falta de control y legalidad en las actividades pesqueras representa uno de los problemas más graves para el sector en Sinaloa, señaló Juan Manuel Perea Parra, presidente de la Federación de Pescadores de Aguas Estuarinas, quien hizo un llamado urgente al Gobierno Federal para implementar el tan prometido ordenamiento pesquero.
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Durante una reunión con representantes del sector, Perea Parra expuso que la pesca en la región opera en medio del desorden y sin una regulación efectiva, lo que afecta directamente a quienes sí cuentan con permisos y pertenecen a cooperativas legalmente establecidas.
“Nos hemos dado cuenta con el tiempo y haciendo análisis, de que tenemos un problema muy serio en cuanto al ordenamiento pesquero. Los diferentes gobiernos y administraciones nos han prometido soluciones, pero aún no se ha logrado”, expresó.
Aclaró que ordenar la pesca no implica excluir a pescadores ni crear divisiones entre ellos, sino asegurar que las actividades se realicen dentro del marco legal.
Asimismo, señaló que actualmente cualquiera puede pescar, vender o transportar productos sin permiso, lo que alimenta la informalidad y la competencia desleal, además que los recursos marinos deben ser aprovechados por quienes cuentan con las autorizaciones correspondientes, y que pescar sin permiso sigue siendo una práctica ilegal.
Sector pesquero. Foto: Jonathan Espinoza.
El líder pesquero advirtió que gran parte del problema radica en la falta de aplicación de la ley, ya que las cooperativas tienen permisos, pero no facultades para vigilar ni sancionar. Por ello, insistió en que es responsabilidad de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) garantizar que se respeten las normas, con operativos y retenes en el mar.
Además, hizo un llamado a los socios de cooperativas para que porten sus permisos durante las faenas, ya que la Conapesca iniciará recorridos y exigirá la documentación correspondiente.
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Finalmente, dijo confiar en que con voluntad y coordinación se logre un verdadero ordenamiento que beneficie a quienes cumplen con la ley y proteja los recursos naturales del estado.
