Culiacán, Sin.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que la Universidad Autónoma de Sinaloa “infringió la normativa” e “incumplió con sus obligaciones de transparencia” en el ejercicio de sus recursos durante el año 2022, generando un probable daño al erario por 128 millones de pesos.
Así lo marca la ASF en el informe de la auditoría a la cuenta pública 2022 realizada al gasto en la Casa Rosalina.
El organismo federal indica que identificaron recursos ministrados y susceptibles para su fiscalización en la UAS por 7 mil 082 millones 540 mil pesos, de los cuales 2 mil 296 millones 856 mil pesos fueron aportados por el Gobierno del Estado.
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A raíz de esto, el dictamen arrojó 36 resultados, de los cuales en 15 no se detectaron irregularidades, 9 se solventaron durante el desarrollo de la auditoría, 12 generaron dos recomendaciones, una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación y 9 pliegos de observaciones.
Fue justo en estos 9 pliegos donde se encuentran los montos pendientes por aclarar y que podrían significar un daño al erario por un total de 128 millones 382 mil 420.28 pesos.
Según el informe, los rubros más grandes marcados en estos pliegos son los siguientes:
“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Estatal por un monto de 33 millones 104 mil 188.38 pesos, más los intereses financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de las Participaciones Federales por no presentar evidencia que acreditara la entrega de los bienes adquiridos por concepto de logos de aluminio, productos cárnicos, artículos de limpieza, equipo de cómputo, artículos de tlapalería, pintura, esmalte, sobres y etiquetas para titulación.
Además, “se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 67 millones 127 mil 118.44 pesos, más los intereses financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por no reintegrar recursos y rendimientos financieros no comprometidos de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales”.
Otras prácticas que presuntamente generaron un daño al erario por parte de la UAS es “realizar pagos improcedentes a 65 trabajadores durante comisiones sindicales y licencias sin goce de sueldo, así como por pagos efectuados a trabajadores después de la baja por defunción”.
La ASF también destaca como probables irregularidades el “realizar pagos a 25 trabajadores que excedieron los sueldos autorizados”, “realizar pagos de recargos del Impuesto Sobre la Renta de 2022”, “no reintegrar los recursos no ejercidos y los rendimientos financieros no comprometidos del Fondo de Aportaciones Múltiples”; “no reintegrar recursos y rendimientos financieros no comprometidos de los subsidios federales para organismos descentralizados estatales”, y “realizar pagos de recargos y actualizaciones de seguridad social de ejercicios fiscales anteriores”.
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Por lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación estableció en su informe que la UAS si bien realizó un “ejercicio razonable de sus recursos”, hubo algunos rubros en los que infringió la normativa, principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
De la misma manera, incumplió sus obligaciones de transparencia, ya que reportó de manera parcial a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes trimestrales correspondientes al ejercicio de los recursos de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales y del Fondo de Aportaciones Múltiples, “lo que originó que la información reportada del subsidio careciera de la calidad y congruencia requeridas y respecto de los recursos del fondo no fuera posible verificar la calidad de la información”.
