Culiacán, Sin.- Una vez más el juez de Control difirió la audiencia inicial del abogado general de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Robespierre Lizárraga Otero, en el caso de abuso de autoridad.
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La audiencia estaba programada a las 9:00 horas de este jueves en la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Centro, sin embargo, la defensa del funcionario de la Casa Rosalina señaló que 48 horas no fueron suficientes para imponerse de 500 fojas más que agregaron al expediente el pasado 5 de septiembre.
Subrayaron que no se trata de una acción dilatoria, pero solicitaron un plazo más amplio para imponerse del expediente completo.
En respuesta, personal de la Fiscalía General del Estado argumentó que la información que se encuentra en las fojas son dos juicios de amparo que interpuso la UAS, por lo que ya tendrían que tener conocimiento de ellos.
Luego de escuchar a ambas partes, el juez de Control, Adán Alberto Salazar Gastélum, dio como nueva fecha el 21 de septiembre a las 9:00 horas para que se lleve a cabo la audiencia inicial, en donde se definirá si el abogado universitario es vinculado o no a proceso.
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Robespierre Lizárraga Otero y el rector Jesús Madueña están acusados del delito de abuso de autoridad al negarse el pasado 30 de marzo a proporcionar información a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para comenzar con la fiscalización de sus recursos propios.
Madueña Molina ya fue vinculado a proceso por esta situación, pero aún está pendiente definir la situación jurídica del abogado general de la UAS.
“NO ES ESTRATEGIA DILATORIA”
“Era evidentemente necesario este defirimiento”, declaró el abogado general de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) Robespierre Lizárraga Sotero.
Entrevistado a las afueras de la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Centro, el funcionario de la Casa Rosalina señaló que era muy difícil que en un plazo de pocas horas los documentos pasen por un minucioso análisis por parte de los defensores.
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Al cuestionarle si fue una acción dilatoria, Lizárraga Otero contestó que no, pues el tomo que anexaron a la carpeta de investigación se debe de analizar para constituir una defensa adecuada en el término que marca la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
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