Culiacán, Sin.– Este jueves comenzó el Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, celebrado en el Congreso de Sinaloa, evento convocado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un foro para debatir sobre el aparato legal mexicano.
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En la apertura del evento, la diputada Gloria Himelda Félix Niebla señaló que en México se viven momentos importantes que invitan al debate, esto, debido a la nueva forma de pensar y ver al sistema de justicia, cuyos resultados son medibles y tangibles, y por ello, el camino es a ser perfectible en todo sentido.
“Que todavía existe un reclamo social respecto al perfeccionamiento de este sistema de justicia que se imparte, quienes en esta tarde nos acompañan y son operadores de la justicia tanto en la parte de la procuración como en la administración de justicia, entienden muy bien lo que se tiene qué hacer para mejorar y perfeccionar este sistema”, dijo.
El acto inaugural tuvo lugar en el Salón Constituyentes de 1917 y acompañaron en el presídium a la diputada Gloria Himelda Félix la fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez Estrada; Juliana Araujo Coronel, secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; María Isabel Cruz Bernal, coordinadora del colectivo Sabuesas Guerreras; y Javier Llausas Magaña, director de la asociación civil Construyendo Espacios para la Paz.
El mensaje de bienvenida estuvo a cargo de Alejandro Vega Nieto, presidente del Tribunal Colegiado en materia penal del Décimosegundo Circuito con sede en Mazatlán, quien explicó que se instalaron mesas de trabajo ordenadas en cuatro ejes temáticos que abordan la importancia de acceder a servicios legales de calidad y de respeto a los derechos humanos y sus garantías.
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En el evento se abordaron temas relativos no solamente a la procuración de justicia sino a la impartición de la misma, tanto de una óptica de derechos humanos como de eficaz aplicación de las leyes y reglamentos, junto a las problemáticas específicas de seguridad pública de las entidades federativas participantes y los impactos diferenciados en las víctimas del delito y la correlativa obligación de las autoridades de realizar una correcta investigación del delito.