Culiacán, Sin.- En sesión extraordinaria celebrada este domingo, el Tribunal Electoral de Estado de Sinaloa (Teesin) rechazó la ponencia de la magistrada Aída Inzunza Cázares en la que se declaraba infundada la solicitud de su compañero Luis Alfredo Santana Barraza, quien busca abstenerse de votar en el expediente de Manuel Clouthier Carrillo, el cual estarán abordando por ordenamiento de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En la discusión de la ponencia, la magistrada Carolina Chávez Rangel se mostró extrañada de que se le dé prioridad a la solicitud de Santana para abstenerse del voto por haber sostenido relación laboral con Clouthier, y en contraste se está dejando de lado y sin atender el caso de la síndica procuradora de Mazatlán, Elsa Bojórquez Mascareño, quien ha pedido medidas de protección al recibir amenazas y temer por su vida.
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“Que ahora nos implora por medidas de protección para salvaguardar la protección ante las amenazas que refiere haber sido objeto, yo no puedo sentir más que lamento y vergüenza que haya sido prioritario para la presidencia atender la solicitud de una excusa para dejar de atender un asunto del único hombre que integra este pleno”, expresó.
Expresó que como juzgador el magistrado Luis Alfredo Santana está obligado a emitir su voto y no hay sustento de abstenerse por haber trabajado con Clouthier, que además es un ciudadano que no ha manifestado hasta el momento su interés por ser aspirante a la candidatura al gobierno de Sinaloa.
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El cómputo quedó empatado y la presidenta del Teesin, Verónica García Ontiveros, emitió su voto de calidad, con lo que se rechazó la ponencia y se ordenó hacer un nuevo fallo que vaya acorde al pronunciamiento mayoritario de las magistradas y la ausencia de Luis Alfredo Santana.
Durante la sesión pública se expuso que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les ordena reencauzar el caso de Manuel Clouthier Carrillo, quien se inconformó por considerar que son insuficientes los 40 días establecidos en la ley para recaudar firmas ciudadanas para quienes aspiren a ser candidatos independientes por la gubernatura.
(GR)
