Guasave, Sinaloa.- La desregulación histórica, la falta de disponibilidad legislativa y la limitada capacidad de supervisión han propiciado que la atención a personas con adicciones en Sinaloa se mantenga en una situación crítica. Así lo reconoció la comisionada estatal para la prevención y atención de las adicciones (CEPTCA), Martha Alicia Torres Reyes, quien hizo un enérgico llamado a reformar tanto la constitución de las asociaciones civiles como el marco legal que rige la operación de los centros de rehabilitación, conocidos como “anexos”.
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Durante una entrevista concedida a Línea Directa en la mesa de análisis de la tercera emisión de este viernes, Torres Reyes explicó que se requiere una revisión profunda de las leyes y reglamentos que permiten la operación de estos centros bajo figuras ambiguas.
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En particular, advirtió sobre una práctica común: asociaciones civiles que, con una sola acta constitutiva, abren varios centros, de los cuales solo uno puede estar legalmente registrado, mientras los demás operan al margen de la ley.
“Pueden tener uno legal y cinco no legales. Esto revela un vacío normativo que debe ser atendido urgentemente por el Congreso del Estado. Pues pudieran ser muchas las razones, pero creo que, a nivel de la Cámara de Diputados, donde se gestionan estas normativas, ha habido falta de interés de diputados que le entran al interés de regular, de revisar a detalle esta normativa legal. Además, esta situación que ocurre, como fue el caso de Guasave, donde el pleito no fue con usuarios, según la información que recabamos. El pleito entre ellos fue entre dos personas que estaban como servidores. Desde ahí nos habla la esencia del modelo residencial, que es que atienden personas que padecieron la enfermedad a personas que en ese momento la están padeciendo”, subrayó la funcionaria.
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La situación, insistió, no es nueva. Se trata de un problema que lleva más de tres décadas sin recibir una respuesta legislativa integral.
A pesar de que en Sinaloa se tiene conocimiento de la existencia de alrededor de 200 centros de tratamiento, muchos de ellos han desaparecido o se encuentran operando fuera de la legalidad. Esta realidad ha obligado a CEPTCA, junto con la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), a intensificar las revisiones, aunque reconocen que la falta de personal limita severamente las inspecciones, que en algunos casos solo pueden realizarse una vez al año.
La problemática del tema se evidenció en el reciente caso de violencia al interior de este centro de rehabilitación de El Cubilete, Guasave: el homicidio cometido contra Yanco de Jesús, a manos de Ángel con el uso de un arma punzo cortante, que de acuerdo con su bien dejó atrás el consumo de drogas, mantuvo conductas agresivas o delictivas. Según la comisionada, esto refleja un problema estructural en el modelo residencial de atención, que históricamente se ha basado en esquemas de ayuda mutua entre personas con historial de adicciones.
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“El modelo nace de personas que han salido de las adicciones mediante el encierro y la ayuda entre iguales. Sin embargo, muchos de estos operadores no cuentan con formación profesional ni protocolos adecuados para brindar atención”, explicó.
Torres Reyes enfatizó que los centros legalmente registrados ofrecen, al menos en teoría, condiciones mínimas de seguridad, evaluación médica y un marco de internamiento regulado para pacientes en estado de consumo delicado, que en muchas ocasiones han llegado a ejercer violencia hacia sus familiares. No obstante, incluso dentro de estos centros con registro, los riesgos persisten si no hay supervisión continua y si el personal carece de formación técnica o ética.
Respecto al marco legal vigente, la comisionada reconoció que actualmente no tiene conocimiento de iniciativas en proceso en el Congreso del Estado para modificar las leyes que rigen a estos centros.
