Culiacán, Sinaloa.– Se había pactado en el Contrato Colectivo que no se pagaran impuestos y ese problema lo tuvo que afrontar el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) Jesús Madueña Molina, hasta que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le dijo que sí tenía que pagarlos, defendió el abogado general de la UAS, Robespierre Lizárraga Otero.
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Lo anterior, ante la revelación que hizo el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Feliciano Castro Meléndrez, sobre que la UAS retuvo impuestos a trabajadores generando una deuda de 4 mil 700 millones de pesos.
Indicó que apenas en estos meses el Contrato Colectivo está en periodo de actualización.
Agregó que eso evidentemente implica que se lesionaron estructuralmente las finanzas de la universidad.
“Cuando el hoy Gobernador estaba al frente de la universidad, firmó algunas de las cláusulas del Contrato Colectivo que son sumamente leoninas y perjudiciales, una de ellas fue haber pactado que no se pagara impuestos”, expresó.
Lizárraga Otero, aseguró que la UAS no está quedando a deber en el tema de transparencia, destacando que se han tenido 33 auditorías por parte de la Auditoría Superior de la Federación, donde apuntó que cada año se audita a la UAS desde hace más de 15 años.
Indicó que el conflicto que ha generado la nueva Ley de Educación Superior llegará hasta donde tenga que llegar, reiterando lo que ya había anticipado el rector, que se van a ir por vías legales y políticas.
Agregó que actualmente se está en una labor de socializar el tema, destacando que es importante que la comunidad universitaria dimensione bien las implicaciones del “atraco”, pues lo calificó de lesivo para la autonomía universitaria y eso genera la iniciativa de socializar y en algún momento movilizar a la gente.
Especificó que en lo que no están de acuerdo y será uno de los puntos que llevarán ante el juez, es el tema de la consulta, aclarando que no están en contra de la misma, pero abundó que donde se especifica que toda consulta tendrá que ser organizada por el Congreso, pues enfatizó que esa es una de las partes a considerar como intromisión a la autonomía universitaria.
“Claro que no, las instituciones tienen que evolucionar y cambiar, pero lo que dice la Constitución es que esa evolución surja de la propia universidad, no que venga un ente de gobierno que al rato venga a imponernos los programas, las clases que tengamos que decir, la historia que tengamos que contar”, dijo.
En ese sentido, mencionó que ya la UAS está trabajando en presentar un sólido recurso de defensa legal, donde también otro de los 11 puntos a impugnar, externó, será que el rector tiene que comparecer ante el Congreso, señalando que ese artículo violenta el autogobierno.
Señaló que nada de lo que se estableció en los foros realizados previos a la aprobación de la ley, tiene que ver con lo que en el dictamen venía, donde reveló que hubo agregados que de algún lado salieron, asegurando que el Congreso está actuando de manera inconstitucional al agregar algunos aspectos a la ley local.
Subrayó que no es el plan de nadie que los alumnos salgan a las calles, ni siquiera que se suspendan las clases, pero insistió en que el Gobierno del Estado y el Congreso están sobre la UAS.
Por último, indicó que lo que se quiere es que la universidad siga como hasta el día de hoy, estable, trabajando y dando resultados.
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Indicó que Castro Meléndrez se cerró al diálogo cuando en su momento no fue atendida la petición de diálogo, pues resaltó que evidentemente están atacando a una institución que está trabajando establemente, y refirió que no puede decir otra cosa más que hay una intencionalidad política en eso.
