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Guasave, Sin.- A causa de un secuestro salieron huyendo de Ciudad Juárez, en Chihuahua en el 2011, desde entonces se apostaron en el sector Colonos Unidos, aledaños a la casa Hogar, en el sector poniente de la ciudad, en un espacio que ellos aseguran fue acaparado por grandes políticos que los tienen en documentos pero que no los usan.
Fue el caso de la señora Graciela Báez, quien aseguró que la violencia la trajo de regreso con su familia al municipio de Guasave, de donde es originaria pero que hoy a 11 años de tener su “casita”, teme ser desalojada como ocurrió en días pasados con dos de sus vecinas tras una orden judicial que les salió en contra.
“Teníamos trabajo allá y por causas de la violencia que había, sufrimos un secuestro, nos venimos corriendo y desde hace tiempo pagamos a Viviana Berenice por el terreno, pusimos pasto, árboles y ahora resulta que nos salió una orden judicial de desalojo, cuando hay terrenos ahí que son de altos funcionarios, políticos como Diva, hay un terreno bardeado detrás de mi casa y otros que están solos pero son de personas importantes”, aseguró.
En presencia del director de Asuntos Agrarios, de la Secretaría de Gobierno de Sinaloa, hicieron un recorrido por el sector Colonos Unidos, lo que en el 2010 intentó nombrarse como colonia Malova, buscando que el gobernador en turno les diera su aval para tener la posesión legal de los terrenos, pero al no ocurrir, mantienen el primer nombre. Hoy, ante la situación por la que temen sufrir, buscan una solución jurídica al conflicto por la posesión de los terrenos y mediar la suspensión de los desalojos.
El recorrido fue encabezado por José Rosario Romero López, director de Asuntos Agrarios, con representantes de al menos 13 familias que demandan una solución, de las más de 134 que son, quien les explicó que a nivel Estado se está levantando un censo para que en el caso de solicitudes de terrenos o de regularización, tengan prioridad las familias desplazadas por la violencia.
Leonardo Acosta, por su parte, destacó que la instrucción del alcalde Martín Ahumada, es dar asesoría y apoyo a estas familias, para lo cual tienen un convenio de colaboración con la Dirección de Asuntos Agrarios y con el ejido Guasave, en el que se busca también la regularización de 16 colonias, que no tienen certidumbre jurídica.
En este sentido, exigieron que les sea reconocida la posesión legal por haberse mantenido de forma pacífica durante más de 10 años en el lugar, que este tiempo los avala como propietarios de un “pedazo de tierra”, que les pertenece, aunque legalmente no tengan la documentación.
