Mazatlán, Sin. – El Observatorio Ciudadano de Mazatlán, A.C., dio a conocer que el Gobierno de Mazatlán reservó por los siguientes dos años, es decir hasta 2024, cualquier información pública sobre la rescisión del contrato de compra de 2 mil 139 luminarias por 400.8 millones de pesos.
A través de un comunicado, el organismo que documenta y vigila el uso y destino de los recursos municipales, dijo que luego de las declaraciones del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres sobre la cancelación del acuerdo de compra-venta, solicitó dicha información y le fue negada.
También puedes leer: Cancelación de contrato de luminarias no debe afectar a empresa ni al municipio: Coparmex
Agregó que el Ayuntamiento le respondió que la rescisión del contrato se ha reservado a la luz pública por los siguientes dos años, toda vez que así lo resolvió el Comité Municipal de Transparencia a petición de la Dirección de Gobierno y Asuntos Jurídicos.
“El que reserven esta información, pues no podemos saber en qué términos están haciendo o si realmente lo hicieron o no. No sabemos, nos dicen que sí están cancelando el contrato, pero a la vez nos niegan el derecho a conocer cómo lo están haciendo, entonces todo queda en tela de duda”, expresó Gustavo Rojo Navarro, director del organismo.
En el boletín, Observatorio Ciudadano señaló que la justificación del Municipio es que el caso no causado estado, que la empresa proveedora está dentro del término legal para impugnar y que hacer pública cualquier información de un caso abierto viola el principio del debido proceso.
“Estamos convencidos que la reserva de esta información restringe a las organizaciones de sociedad civil su participación en proponer mejores prácticas de Gobierno para la máxima publicidad y, al mismo tiempo, como vigilantes del presupuesto”.
Por ello, agregó el escrito, este organismo solicitó al Ayuntamiento de Mazatlán que elabore una versión pública del caso.
Sigue toda la información de Sinaloa en la sección especial de Línea Directa
Asimismo, llamó a la Comisión de Transparencia de Cabildo, a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y a la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana del Congreso local a una revisión exhaustiva del caso.
