Los Mochis, Sinaloa. Ante el riesgo de que el conflicto interno y legal que vive la Alianza del Transporte Urbano y Suburbano de Los Mochis afecte el servicio que se presta a los usuarios de la ciudad, la Delegación de Vialidad y Transporte fungirá como “mediadora” a través de mesas de trabajo.
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Esto, ante la demanda penal que la Alianza del Transporte Urbano y Suburbano de Los Mochis presentó en la Agencia del Ministerio Público de la Agencia Especializada en Delitos contra el Patrimonio, en la que acusa a 10 permisionarios, en su mayoría mujeres, por “despojo agravado cometido por dos o más personas”.
A su vez, dos permisionarias también interpusieron una demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa en contra de la Comisión de Honor y Justicia de la Alianza del Transporte Urbano y Suburbano de Los Mochis y la Asamblea General Extraordinaria de miembros de la Atusum, para exigir la restitución de sus derechos.
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Documento de demanda./ Foto: Cortesía
El pleito que se intensificó durante el 2023 y ha trascendido hasta el presente año por ser un tema interno, el Gobierno del Estado se había mantenido como observador, sin embargo, a raíz de las quejas de los usuarios por las fallas en la cobertura de rutas, que afectan principalmente a estudiantes y trabajadores, intervendrá con el fin de que las partes lleguen a acuerdos.
Por este conflicto, Línea Directa entrevistó a Héctor Javier López Trevedan, delegado de la Delegación de Vialidad y Transporte en Los Mochis, quien informó que ya habló con las dos partes a fin de lograr una solución que no afecte a los usuarios que diariamente necesitan que se preste el servicio en la ciudad.
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“Una propuesta es hacer mesas de trabajo con los de la Alianza para poder llegar a mediar esa situación y que no pase a mayores y que no afecte el servicio de transporte y no afectar a la ciudadanía”, dijo a Línea Directa.
Documento de demanda./ Foto: Cortesía
López Trevedan aseguró a los usuarios del transporte urbano de Los Mochis que el pleito interno y legal que llevan los aliancistas por ningún motivo debe ser motivo para paralizar el servicio, y de ser así, se aplicarán sanciones.
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Héctor López declaró que confía que a través del diálogo las partes en conflicto puedan limar diferencias y trabajar en equipo en beneficio del transporte urbano, y el desarrollo de este servicio y en atención a sus pasajeros que diariamente necesitan movilizarse a centros de trabajo y estudio.
Cabe resaltar que el Gobierno del Estado de Sinaloa hace más de 30 años otorgó 303 concesiones para prestar el servicio en la ciudad, y a pesar del crecimiento urbano de Los Mochis y el aumento de fraccionamientos y colonia, escuelas y empresas, no se han expedido más a petición de los mismos aliancistas.
Documento de demanda./ Foto: Cortesía
