Culiacán, Sin.- El gobernador Rubén Rocha Moya afirmó que la separación temporal del cargo de Jesús Madueña Molina como rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa no constituye una violación de la autonomía universitaria.
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Al ser cuestionado sobre el tema, el mandatario estatal enfatizó que el cargo de rector no implica autonomía absoluta y que el proceso judicial en curso se dirige específicamente hacia Madueña como individuo, y contra aquellos que presuntamente cometieron irregularidades.
Ante esto, expresó su desacuerdo con la postura de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), argumentando que hicieron un pronunciamiento sin una comprensión completa de la situación en la universidad.
“Yo no estoy de acuerdo con ellos. Puede ser muy la Anuies. Yo ya fui parte de la Anuies. Ellos tienen que mostrar una solidaridad mínima, pero no; son los primeros que deben entender la autonomía y no lo hacen. ¿Qué dicen? Que a un rector no lo puede separar una autoridad especial, pero un rector no tiene fuero, ni fuero especial. Si un rector comete un delito, se le formulan las acusaciones”, comentó.
El gobernador reiteró que tanto el rector como funcionarios de la UAS obstaculizaron las investigaciones e incluso se presume que han llegado a destruir documentos. Por ello, se hizo necesaria la separación del cargo para permitir que la Fiscalía General del Estado realice su trabajo de manera efectiva.
“Seguramente, en este momento, le deben estar pidiendo información al encargado de Rectoría (Robespierre Lizárraga Otero). Si no la entrega o la destruye, no puede estar en esa circunstancia. No se viola la autonomía; el rector no es autónomo”, comentó.
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Jesús Madueña Molina fue separado del cargo como rector de la UAS. Esta es una medida cautelar que solicitó la Fiscalía General del Estado y que fue aprobada por un juez de control, para que Madueña, en su calidad de titular de la Casa Rosalina, no afecte el proceso penal donde se le acusa del delito de ejercicio indebido del servicio público, por la presunta compra irregular de 45 millones de pesos en tortillas.
