Guasave, Sin.- Por un tema de usos y costumbres, puede ser que después de fallecida de manera natural, la niña que fue encontrada sin vida en la sindicatura de Juan José Ríos haya sido enterrada por sus propios padres, especuló el alcalde de Guasave, Martín Ahunada Quintero.
En la sesión de Cabildo número 37, el alcalde Martín Ahumada Quintero confirmó que con el fin de ayudar a atender la grave situación que afecta a niños y jornaleros, mañana estará una parte del gabinete del gobierno del estado en Juan José Ríos, pues aunque ya está por concluir la temporada se busca tener un mecanismo que regule y supervise las condiciones laborales y de salud.
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“Hasta la información preliminar que dieron las autoridades, la muerte de la menor que fue localizada semienterrada en esta sindicatura, no fue presuntamente por homicidio, sino por enfermedad, y que al parecer los padres por causas desconocidas o por usos y costumbres la enterraron en estas circunstancias”, argumentó.
Hoy el secretario general de gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, le informó que se movilizará una brigada multidisciplinaria de la Secretaría del Bienestar, Salud, CEAPAS, entre otras para atender esta situación, en coordinación con el Municipio, porque más que buscar culpables, la preocupación es ayudar a estas familias.
El presidente municipal señaló que es una situación que se deberá continuar con las investigaciones, pero aclara que por parte del Ayuntamiento se ha realizado un fuerte trabajo con anterioridad, con Sipinna, DIF, Immujeres y Prevención Social, para revisar las condiciones no sólo de los jornaleros y menores de Juan José Ríos, sino también de Ruiz Cortines y Leyva Solano.
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Informó que debido a las precarias condiciones en las cuarterías intervino la Coepris y se internaron 10 niños jornaleros en Los Mochis, de los cuales ya se dieron de alta a seis menores, que están siendo apoyados por el DIF Guasave y cuatro siguen en observación en cuneros, pero ya no en terapia intensiva.
En el pleno del Cabildo hubo pronunciamientos también de Maura Guerrero Sánchez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, para que el Ayuntamiento intervenga, a lo que se sumaron otros regidores como Luis Fernando Velázquez.
