Culiacán, Sinaloa. – De acuerdo al informe presentado este viernes por la Auditoría Superior del Estado (ASE) de la auditoría específica por la adjudicación directa que hizo el ayuntamiento de Mazatlán de las 2 mil 139 luminarias por un monto de 400.8 millones de pesos existe un presunto daño patrimonial a la Hacienda Pública del municipio de Mazatlán por poco más de 60 millones de pesos, reveló el diputado presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, Sergio Mario Arredondo Salas.
Al respecto, mencionó que lo anterior evidencia que el municipio porteño no pudo comprobar la adjudicación directa en el procedimiento de la compra de luminarias, toda vez que dicho proceso fue indebido porque el procedimiento debió hacerse a través de una licitación pública.
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“Lo que prosigue después de haber entregado el informe, la ASE habrá de notificar al municipio de Mazatlán y a su vez el municipio con el informe y del conocimiento de las observaciones, deberá contestar en un plazo de 30 días hábiles, posteriormente en un plazo de 120 días hábiles, la ASE evaluará la respuesta que haga el municipio de Mazatlán”, precisó.
Arredondo Salas agregó que de las observaciones que no se solventan, la ASE deberá calificar si esas observaciones son posiblemente constitutivas de faltas administrativas graves o no graves, destacando que a este proceso, la Comisión de Fiscalización habrá de darle un puntual seguimiento.
“Posiblemente pudiera haber faltas graves, porque si la ASE tiene los elementos de prueba se pudiese asumir que hubo un abuso de funciones o que hubo una contratación indebida, faltas graves que están catalogadas en la Ley de Responsabilidades Administrativas”, argumentó.
El legislador puntualizó que se está dando en estricto apego a ley, cuidando los derechos de los funcionarios, y su presunción de inocencia durante todo el proceso.
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Por último, consideró que puede haber elementos de prueba para faltas administrativas graves que pueden ser sancionatorias para servidores públicos del municipio de Mazatlán por haber autorizado un procedimiento de adquisición que no fue el correcto, además que tiene que haber un resarcimiento del daño a la Hacienda Pública por los 60 millones de pesos.
