Culiacán, Sin.- La diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN), Giovanna Morachis Paperini, celebró que el pasado 16 de diciembre de 2023 fueron aprobadas reformas a la Ley de Desarrollo y Movilidad Sustentable, Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y Ley de Gobierno Municipal, todas del estado de Sinaloa, mediante las cuales queda prohibido que las calles, colonias, plazas públicas y otras instalaciones de uso común lleven el nombre de servidores públicos o políticos en activo, o esposas o familiares hasta el cuarto grado durante el período de su gestión.
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En la exposición de motivos de dichas reformas, la legisladora argumentó que los ayuntamientos al asignar la nomenclatura urbana deben de atender referencias históricas, culturales y de relevancia general y prescindir de la utilización de los nombres de políticos y servidores públicos con un afán de propaganda y culto a la personalidad.
Cabe mencionar que diputados del grupo plural y de la fracción parlamentaria de Morena también apoyaron esta reforma legal, que tan luego como sea publicada en el periódico oficial iniciará su vigencia.
El dictamen adiciona el capítulo sexto de la nomenclatura a la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, en el que establece que la nomenclatura tiene por objeto identificar y facilitar la localización de los bienes de uso común destinados a la vialidad, propiciando de este modo su ordenamiento.
En lo que se refiere a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, precisa que para preservar y acrecentar el patrimonio cultural urbano en la entidad, la nomenclatura de las vialidades y de los bienes inmuebles que formen parte integrante del patrimonio público, deberá hacer referencia a personas, fechas o eventos que hayan destacado en la historia, ciencia, arte, tecnología, política, deporte, o cualquier otra actividad de relevancia cultural.
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En la reforma a la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, se establece que son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, en materia de urbanismo, ecología y obras públicas, proyectar y ejecutar las obras necesarias para la prestación de servicios públicos y supervisar las construidas para cubrir los servicios públicos concesionados.
Asimismo, prevenir y combatir la contaminación ambiental, dando participación a la sociedad mediante la creación de consejos ciudadanos especializados en la materia.
También autorizar, conforme a dictamen emitido por la comisión correspondiente, la asignación, modificación o sustitución de la nomenclatura de los espacios públicos y vías públicas previa solicitud.
Cabe mencionar que con esta reforma el cronista municipal podrá proponer al ayuntamiento la regulación, así como la modificación a la nomenclatura en las calles, avenidas y colonias dentro de la zona urbana y rural del municipio, pero para ello deberá atender las disposiciones antes mencionadas.
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En los transitorios del dictamen se advierte que los ayuntamientos deberán adecuar su reglamentación interna necesaria a efecto de establecer los criterios y el procedimiento para la asignación, modificación o sustitución de la nomenclatura de vías públicas y espacios públicos de los municipios dentro de un plazo de 90 días hábiles a partir de la fecha de la publicación del presente decreto.
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