Culiacán, Sinaloa.- Luego de que se diera a conocer un presunto caso de trata de personas y violación de derechos humanos a víctimas de desplazamiento forzado en un campo agrícola en Ahome, el defensor de derechos humanos, Óscar Loza Ochoa, manifestó que las autoridades deben realizar inspecciones para evitar que ocurran estas situaciones.
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Ha sido por parte de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides), como se ha dado seguimiento a este caso, en donde, trascendió que se logró el rescate de 42 personas, todos, indígenas desplazados de la comunidad de Las Milpillas o Milpas, de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, quienes fueron trasladados al campo agrícola a base de engaños.
El defensor de los derechos humanos, expresó que, la Dirección y la Procuraduría del Trabajo de Sinaloa, no debe de esperar a que exista una queja para hacer las inspecciones correspondientes en estos lugares de trabajo.
“En primer lugar que la Dirección y la Procuraduría del Trabajo en el Estado de Sinaloa, tengan el personal suficiente y la sensibilidad también para recorrer los campos, porque yo no conozco ningún informe de que estén yendo los inspectores a los campos agrícolas a ver las condiciones de los trabajadores”, expresó.
Loza Ochoa, comentó que, dentro de las supervisiones, se tiene que revisar que se cumpla con todo lo que indica la Ley Federal del Trabajo, en cuanto las condiciones que ofrecen para los jornaleros y la entrega del equipo que requieren, como guantes, lentes, botas, y más, todo esto, por parte de la inversión de los patrones.
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El defensor de los derechos humanos, precisó que no tiene más detalles del caso, sin embargo, compartió que se están dando casos comunes con ese perfil, en el que, sigue predominando el outsourcing, es decir la subcontratación, sin responsabilidad por parte del patrón, y a la hora de contratarse lo hace un tercero, quien pone a los trabajadores a disposición.
Añadió que hace poco, tuvieron conocimiento y trataron un caso cerca de Costa Rica, donde se daba esta situación. A muchos trabajadores cuando no querían presentarse por cuestiones médicas, los ingresaban a un centro de rehabilitación a la fuerza, pagando la estancia en ese lugar.
Aclaró que, en algunas ocasiones, el jornalero puede tener problemas de alcoholismo o drogadicción, pero no son los patrones quienes deben de determinar si ingresan a un centro de rehabilitación.
Loza Ochoa, precisó que, en el mismo caso, además, a los jornaleros se les pagaba al final de la temporada y se les da crédito en la tienda, parecidas a las tiendas de raya de la época del porfiriato.
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