Los Mochis, Sin.- Para la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (CDDHS) todavía no existen las condiciones para que las 850 personas desplazadas por la violencia en la sierra de Sinaloa municipio regresen a sus hogares, como lo ha expresado Gobierno del Estado.
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Óscar Loza Ochoa, responsable de relación con las instituciones de la CDDHS, exhorta a las autoridades estatales a recordar los últimos cuatro desplazamientos registrados en Sinaloa ocurridos en el 2012, 2015, 2017 y 2020, donde se tienen registros de víctimas que murieron al regresar a sus comunidades luego de que el gobierno considerara que podían hacerlo.
Recordó el caso de la familia constituida por papá, mamá y un bebé, que fueron ultimados a balazos en el 2012 en San José de los Hornos, Sinaloa municipio, después de 24 horas de haber regresado a su casa tras su desplazamiento durante la administración de Mario López Valdez.
A esta tragedia se le sumó que, a los días, otros miembros de la familia de las víctimas fueron asesinados cuando intentaban regresar a la misma comunidad sobre el camino de Surutato a San José de los Hornos.
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Por este desplazamiento, se contabilizaron ocho personas asesinadas al intentar regresar a sus domicilios tras un desplazamiento interno por violencia.
Al considerar estos antecedentes y, además, los datos proporcionados por los desplazados recientes en los distintos albergues, donde señalan que todavía hay gente armada escondida entre los montes, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa solicita al Gobierno del Estado que atienda las medidas cautelares emitidas por ellos y la aplicación de los artículos 25 y 26 de la Ley para Prevenir y Atender los Desplazamientos Internos.
“Antes no debe de hacerse eso, ahorita no hay condiciones. Allá están, detuvieron a tres presuntos responsables, encontraron un arsenal. De la gente que ha ido a echarle una vuelta a sus animalitos y a traer algo de ropa, se han regresado mucho de ellos y nos dicen que sienten una tensión muy grande y que saben que los montes de alrededor de allí hay gente, civiles, armada”, expresó Loza Ochoa.
Explicó que la Ley para Prevenir y Atender los Desplazamientos Internos es muy clara al definir el protocolo a seguirse: primeramente, la elaboración de un informe por parte de la Secretaría General de Gobierno donde pruebe que las causas que hicieron posible el desplazamiento han desaparecido; segundo, dar continuidad a la atención con calidad en la alimentación, salud y seguridad de los desplazados; tercero, análisis del informe de la Secretaría General de Gobierno por parte del comité intersecretarial; cuarto, ponerse a consideración de los desplazados su regreso seguro.
Añadió que actualmente hay 850 personas desplazadas, algunas intentaron regresar a sus comunidades, pero retornaron al albergue del Cbtis 45 en Guamúchil al no encontrar condiciones de seguridad.
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Finalmente, reiteró que es “irresponsable” decir que las familias pueden regresar a sus casas aun con presencia del Ejército, porque se exponen a riesgos las vidas de los desplazados.
