Culiacán, Sin.- Un Juez de Control rechazó la suspensión condicional del proceso a José Luis Ulloa Miranda, exjefe del Departamento de Seguimiento Documental de Contratos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, exfuncionario involucrado en el caso del Tiburonario del Acuario de Mazatlán que colapsó en febrero de 2017.
Le negó esta salida de justicia alternativa que consta en la reparación de daño para librar la cárcel, además que sus abogados la estaban solicitando sin querer fijar monto económico a pagar, es decir, sin pagar nada.
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El exfuncionario está vinculado a proceso por los delitos de ejercicio indebido del servicio público por beneficiar con licitaciones “a modo” a Osuna y Osuna Arquitectura así como al grupo Ecosistemas de México con 34 millones 640 mil pesos por la construcción del Tiburonario, cuando estas empresas debieron ser rechazadas al no cumplir con las bases del concurso de licitación ni tampoco con el reglamento de la Ley de Obras Públicas.
En esta causa penal 1084/2018 también está involucrado Armando Trujillo Sicairos, exjefe del Departamento de Concursos y Dionisio Sánchez Félix, exdirector de Control Administrativo de la misma Secretaría, este último, a quien ya se le concedió la suspensión condicional del proceso sin pagar un solo peso, a diferencia del exsecretario de Salud Ernesto Echeverría Aispuro que al menos pagó 7 millones, la mitad de lo presuntamente desviado.
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A pocos días de terminar el plazo que le dieron para la investigación complementaria, en audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal, Acusatoria y Oral, Región Centro, este viernes Ulloa Miranda solicitó la suspensión condicional del proceso, pero le fue negada al toparse con otro juez.
Sus abogados argumentaban que la Fiscalía Anticorrupción no tenía una base económica para poder fijar un monto de reparación del daño debido a que los 34 millones habían sido ejecutados por las empresas contratadas y eran éstas las que debían responder. También señalaron al Juez que ya tenían un antecedente con el primer caso del exfuncionario al que le otorgaron la suspensión siendo este mismo caso del Tiburonario.
El Ministerio Público se opuso a la petición que solicitó la defensa señalando era improcedente, infundada y violatoria, y se estaría mandando un mensaje negativo a los sinaloenses en el combate a la corrupción. Además, comunicaron que ya tenían la formulación de acusación por escrito con elementos suficientes para acreditar la comisión del delito y la participación del imputado.
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Tras dar por cerrado el debate, el Juez negó dar por cerrado el caso y exonerarlo, al considerar que no se cumplían con los requisitos para esta salida alternativa y que sí existe una base objetiva para fijar monto de reparación del daño.
Los argumentos de ambas partes fueron los mismos, la diferencia la hizo el Juez, era otro. Quien otorgó la suspensión al primero que la solicitó fue el Juez Juan Luis Quiñónez Beltrán, y quien la negó al segundo exfuncionario fue Adán Alberto Salazar Gastélum. En la audiencia este último aclaró que no se puede tomar en cuenta lo determinado por el juez anterior, sino dar su propia resolución conforme a lo que mandata la Constitución y el Código Penal.
La Fiscalía aprovechó para comunicar que interpusieron un recurso de apelación precisamente por la decisión del primer juez que sí otorgó la primera suspensión, al considerar que se equivocó y dio una resolución errónea al liberarlo del proceso penal.
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Al salir el abogado de Ulloa Miranda acusó justicia selectiva al Poder Judicial y anunció que impugnarán.
