Culiacán, Sin. Morena en Sinaloa manifestó su respaldo al llamado “Plan B” de la reforma electoral al considerar que está alineado con los principios de austeridad republicana y busca reducir o eliminar privilegios dentro del sistema político, ya que durante años el funcionamiento de las instituciones electorales y legislativas ha permitido la existencia de sueldos excesivos, de prestaciones discrecionales y también de estructuras infladas.
En conferencia de prensa de este miércoles 19 de marzo de 2026, el presidente estatal del partido guinda, Édgar Barraza Castillo, señaló que la propuesta presentada en el Senado por la presidenta Claudia Sheinbaum tiene como objetivo ordenar el sistema político, reducir gastos excesivos y garantizar que los recursos públicos se destinen directamente al bienestar de la población.
Al respecto y a pregunta expresa, rechazó que en Morena existan “sueldos de lujo” y afirmó que los ingresos de la dirigencia son transparentes y están disponibles para consulta ciudadana.
Detalló que su salario es de 25 mil pesos quincenales, es decir, 50 mil pesos mensuales, sin impuestos, mientras que la secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal, Mirna Lora, percibe 22 mil 500 pesos quincenales, equivalentes a 45 mil pesos mensuales. En el caso del resto de los secretarios, indicó que reciben alrededor de 40 mil pesos mensuales.
“Nuestros sueldos, tanto el mío como presidente, como de los compañeros y todos los compañeros del Comité son transparentes y están en línea para consulta ciudadana. Y tú me puedes decir cuánto gasto, el sueldo que yo percibo son 25 mil pesos quincenales, 50 mil mensuales. Ya sin impuestos”.
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Barraza Castillo añadió que los integrantes del comité estatal no cuentan con otros ingresos ni ocupan cargos públicos adicionales, ya que se dedican exclusivamente a sus funciones dentro del partido, reiterando el compromiso de Morena con la transparencia y la austeridad.
Continuando con el Plan B, expuso que uno de los ejes principales de la reforma es establecer que ningún funcionario público, incluidos consejeros y magistrados electorales, perciba un salario mayor al de la titular del Ejecutivo federal, además de eliminar bonos, seguros privados y cualquier ingreso adicional financiado con recursos públicos.
Asimismo, detalló que la iniciativa contempla medidas para racionalizar el gasto institucional, como fijar un tope del 0.7 por ciento del presupuesto estatal para los congresos locales, así como ajustar la integración de los ayuntamientos, estableciendo entre siete y quince regidurías según el tamaño de la población, con el fin de evitar cabildos sobredimensionados.
Resaltó que la reforma también avanza en cuestión de transparencia y combate a la corrupción al establecer la fiscalización en tiempo real de los recursos de los partidos, de las campañas y de los candidatos.
Indicó que los recursos que se generen a partir de estas medidas serán destinados a obras de infraestructura social, como agua potable, drenaje, alumbrado público y rehabilitación de espacios públicos.
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En materia democrática, destacó que la reforma fortalece la participación ciudadana al ampliar la revocación de mandato para que pueda realizarse en el tercer o cuarto año de gobierno, además de implementar mecanismos de fiscalización en tiempo real de partidos y campañas, prohibiendo el uso de efectivo y el financiamiento ilícito.
También subrayó que se busca dar mayor certeza a los procesos electorales mediante el inicio de cómputos distritales desde la llegada del primer paquete electoral y el uso de herramientas tecnológicas.
Finalmente, manifestó que en Morena Sinaloa coinciden con la visión de estado propuesta por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en el que el sistema electoral sea más eficiente, más transparente y verdaderamente esté al servicio del pueblo de México.
Aseveró que están comprometidos con seguir reduciendo los privilegios y con la construcción de un país más justo.
¿Cuándo se presentó al Senado el Plan B de Claudia Sheinbaum y cuál será el proceso a seguir?
El Plan B de Claudia Sheinbaum se presentó al Senado el 17 de marzo de 2026. Una vez presentado al Senado, el Plan B pasa a las comisiones correspondientes para su análisis. Ahí se discuten los detalles, se hacen posibles modificaciones y luego se elabora un dictamen. Posteriormente, ese dictamen se vota en el Pleno. Si se aprueba, se envía a la Cámara de Diputados, donde ocurre un proceso similar, hasta que finalmente se convierte en ley tras su publicación oficial.
