México. – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este martes 17 de marzo de 2026 el envío al Senado de la República del Plan B de reforma electoral, una iniciativa que busca modificar tanto la Constitución como leyes secundarias para reducir privilegios y fortalecer la transparencia en los procesos democráticos.
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Reforma electoral y reducción de privilegios
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria mexicana explicó que la propuesta incluye cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley de Partidos Políticos.
“Va hoy a la Cámara de Senadores la propuesta. Tiene reforma constitucional y posteriormente su reforma legal, también incluye modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales”, indicó.
Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló que el proyecto contempla:
- Reducción de regidurías, que quedarán entre 7 y 15, con el objetivo de disminuir gastos en los municipios.
- Congresos locales con un techo presupuestal equivalente al 0.70% del gasto de cada entidad.
- Los ahorros generados se destinarán a infraestructura pública en municipios y estados.
- Topes salariales: funcionarios del INE, tribunales y órganos electorales estatales no podrán percibir ingresos superiores al de la presidenta de México, eliminando bonos y seguros adicionales.
Revocación de mandato y cambios legales
El Plan B también plantea que la revocación de mandato se realice el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, es decir, en 2027 o 2028. Además, se proponen reformas a los artículos 31, 99, 104, 116, 192 y 310 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como ajustes a los artículos 30, 50, 51, 54 y 55 de la Ley de Partidos Políticos.
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El Plan B de reforma electoral presentado por Claudia Sheinbaum marca un nuevo capítulo en la discusión sobre el sistema democrático mexicano. Con propuestas que van desde la reducción de privilegios hasta la implementación de la revocación de mandato, la iniciativa abre un debate nacional sobre cómo equilibrar austeridad, eficiencia y respeto a la soberanía popular.
