Los Mochis, Sinaloa. De acuerdo con datos del Congreso del Estado de Sinaloa, cada año arriban a la entidad entre 200 y 400 mil jornaleros indígenas migrantes provenientes de Chihuahua, Guerrero y Oaxaca para emplearse en labores agrícolas. De ellos, un amplio porcentaje carece de identidad legal.
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Aunque los legisladores reformaron recientemente el Código Familiar, en la práctica persiste el mismo obstáculo: el Registro Civil no expide actas de nacimiento a niños ni adultos que carecen del certificado de alumbramiento.
La titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Sinaloa, Mireya Espinoza Imperial, expuso que, aunque a algunas autoridades locales les cueste reconocerlo, muchas mujeres siguen dando a luz solas o con el apoyo de parteras o familiares en sus casas o cuarterías.
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Este mismo fenómeno se presenta en la población mayo-yoreme. La pobreza extrema, la falta de seguridad social y las largas distancias para trasladarse a un hospital público obligan a muchas mujeres a parir prácticamente por su cuenta.
A pesar de que se hicieron adiciones al artículo 1097 Bis del Código Familiar de Sinaloa, que establece realizar campañas del Registro Civil dos veces por año en cuarterías de jornaleros, no se adecuaron los requisitos para que esta población vulnerable pueda acceder a un acta de nacimiento.
“La mayoría de los jornaleros vienen de estados como Chihuahua, y muchos yoremes también aquí de Sinaloa. Siguen naciendo niños fuera de hospitales, con parteras o familiares, y ellos no van a expedir un certificado de alumbramiento. Entonces, el requisito fundamental que establece el Registro Civil para acceder a la identidad es el certificado de alumbramiento, un documento al que la mayoría de la población indígena no tiene acceso”, lamentó.
Mireya Espinoza subrayó que es muy importante que los legisladores trabajen en flexibilizar los requisitos para la expedición de actas de nacimiento en la población indígena, que, por usos y costumbres, pero también por pobreza, no cuenta con un certificado de alumbramiento.
Actualmente, el INPI enfrenta obstáculos para registrar a un joven tarahumara en El Fuerte, ya que el DIF municipal debe realizar un estudio de campo y aún no lo ha hecho.
“La reforma o la iniciativa tenía que haber ido más allá; tendría que haber abordado el tema de flexibilizar el reglamento del Registro Civil, de poder sustituir, no eliminar por completo, ese documento que es el certificado de alumbramiento, por una constancia que pudieran expedir las autoridades tradicionales o municipales. Porque, al final del día, un indígena no va a andar acarreando con un hijo que no es suyo, si a duras penas mantiene a los que tiene”, subrayó.
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