Culiacán, Sin.- Los acuerdos de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2018 de los entes paraestatales y municipales, así como de ocho ayuntamientos que el Ejecutivo observó ya entraron en vigencia, por lo que no prosperó la intentona del aplicar el veto de bolsillo desde el gobierno estatal, afirmó Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.
Explicó que al no ser decretos sino acuerdos, el gobierno estatal no tiene facultades para hacer observaciones y aunque se niegue a publicarlos en el Periódico Oficial del Estado por un asunto político más que jurídico no afecta porque entraron en vigor desde el momento en que se aprobaron por mayoría en el pleno del Congreso de Sinaloa.
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“El Ejecutivo estatal no quiere publicar los acuerdos, bueno pues el Congreso ya los publicó, ya los tiene publicados en su página solo que nosotros buscábamos que se le diera el trámite legislativo acostumbrado, pero en términos legales los resultados ya están, entran en vigencia al momento de ser aprobados, los publique o no los publique el Ejecutivo estatal”, dijo.
Mencionó que es la Mesa Directiva quien debe de dar seguimiento como representante legal del Congreso al Ejecutivo en torno a las observaciones de los informes de cuentas públicas con el argumento de que debieron ser decretos y no acuerdos.
Consideró que los vetos que se han dado a las cuentas públicas obedecen a la resistencia de aceptar que el Ejecutivo no manda en el Poder Legislativo, y que ya no hay una mayoría priista que aprobaba todo, mientras que en Morena no están dispuestos a dar el aval cuando hay dudas el uso correcto del erario.
Acusó que el gobierno del estado se extralimitó l enviar observaciones a los acuerdos e invadió la autonomía de los ayuntamientos, porque ellos de manera directa entregan las cuentas públicas al Congreso y responden a las observaciones de la ASE.
Consideró que mientras no legislen para eliminar la facultad de que el Ejecutivo observe los decretos van a correr el riesgo de veto como esta en estos momentos la Ley de Obras Públicas que no ha sido publicada.
Las cuentas observadas son de Angostura, Choix, Concordia, Cosalá, El Fuerte, Guasave, Navolato y Salvador Alvarado, seis juntas de agua potable y organismos descentralizados.
LM
