Mazatlán, Sin. – Para los diputados del Partido Sinaloense, lo aprobado en la Ley de Educación Superior es una flagrante violación a la autonomía universitaria, expresaron las legisladoras María del Rosario Osuna Gutiérrez y Viridiana Camacho Millán, en conferencia de prensa.
Manifestaron que la homologación que el Congreso del Estado realizó con la Ley General de Educación Superior, presenta serias inconsistencias jurídicas que invaden la autonomía universitaria.
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Camacho Millán expresó que la postura del grupo parlamentario del Partido Sinaloense es clara.
Agregó que cuando se discutió el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación y la de Educación Pública, su compañera la diputada Elizabeth Chía Galaviz, presentó 14 observaciones de inconsistencias jurídicas que tenía el dictamen, de las cuales 11 de ellas no fueron valoradas adecuadamente y se mantuvieron, por ello fue que se votó en contra del dictamen.
Mencionó que Chía Galaviz presentó un voto particular, donde se dejó perfectamente claro el rechazo al dictamen.
Ambas diputadas señalaron que el dictamen les fue entregado con menos de 24 horas previas a su discusión ante las comisiones y con apenas 12 horas previas antes de la sesión del Pleno, esto aun cuando se trataba de un dictamen de 130 cuartillas.
Lamentan que algunos actores políticos han querido hacer que parezca que las universidades se oponen a que las fiscalicen, lo que no es cierto, agregaron; tan es así que las tres universidades autónomas en la entidad son auditadas por la ASE y por la Auditoría Superior de la Federación y la información se publica en los portales de estos órganos de fiscalización.
Dijeron que no hay duda de que lo expresado en una entrevista por Rubén Rocha Moya, afecta a la Universidad Autónoma de Sinaloa, por lo que piden que se conduzca como un gobernador de altura.
Acusaron que algunos diputados de Morena vienen actuando en todo el estado atendiendo reuniones y usando la misma retórica del gobernador y de Feliciano Castro Meléndrez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.
Llamaron a que la polémica generada y que se discute en los medios de comunicación, se convierta en un acto más civilizado entre las partes involucradas y se aborde el tema; pues confían en que en el marco de las leyes y la normatividad existente encuentren una solución al problema.
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De no ser posible lo anterior, añadieron, se debe dejar que los órganos Jurisdiccionales resuelvan lo conducente, específicamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En entrevista, dijo que en Culiacán la mayoría de los camiones tienen instalado GPS y algunos con videocámara para controlar el comportamiento de los choferes, y este servicio lo paga el patrón, pero, ahora no servirá de nada porque se canceló el “trueno”. y dejan libre los horarios.
