Los Mochis, Sinaloa. Este miércoles acudieron funcionarios de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc) a dialogar con las madres de familia que mantienen tomado el jardín de niños “Primero de Mayo” de la sindicatura de El Guayabo en exigencia de solución definitiva al conflicto legal por la posesión del terreno de la cerca perimetral de acceso al kínder.
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Al cumplirse una semana de que los padres de familia radicalizaron las acciones de protesta en demanda de apoyo para solucionar el problema por el que fueron demandados junto con personal docente y directivo del plantel acusados de presunto despojo por vecinos, este miércoles los visitó el director de Infraestructura Educativa de la Sepyc, Julio César Zacarías Estrada, acompañado del jefe de Servicios Regionales en Ahome, Alejandro Brito Acuña.
No obstante, las madres manifestantes se sostuvieron en su postura de que no liberarán el preescolar hasta obtener el documento de donación del terreno de parte del Instituto Nacional de Suelo Sustentable (Insus) para la Sepyc, el cual fue solicitado desde hace meses.
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“El plantel no se libera hasta que el jurídico de Culiacán asista a la Ciudad de México y nos traiga una respuesta, y depende la respuesta que se obtenga de allá sobre las escrituras el kínder se soltaría, mientras no. Queremos un oficio, un documento legal con el que podamos nosotros decir, si hay otra demanda; aquí está el papel con el que podemos constar que todo el lote 11 es del jardín”.
En la tercera audiencia realizada el pasado domingo, el personal docente y directivo, así como padres de familia del jardín de niños, ganaron el juicio penal en el que particulares los demandaron por presunto despojo del terreno del preescolar que utilizaban como calle.
En 1983 las autoridades ejidales donaron al kínder el terreno donde el pasado mes de marzo se construyó la cerca perimetral con recursos del programa federal La Escuela es Nuestra.
El pasado mes de junio los padres de familia ya habían tomado el plantel para exigir a la Sepyc que interviniera y resuelva el conflicto por el que fueron demandados el pasado mes de abril, situación que temen continúen en otras instancias legales.