Culiacán, Sinaloa. Este viernes por la tarde llegó al Congreso del Estado de Sinaloa una solicitud de declaración de procedencia, también conocida como solicitud de desafuero, en contra de diversos funcionarios del Ayuntamiento de Ahome.
Esto se debe a presuntas irregularidades encontradas en el arrendamiento de 126 patrullas, por un monto cercano a los 176 millones de pesos, confirmó el diputado presidente de la Comisión Instructora del Poder Legislativo, Rodolfo Valenzuela Sánchez.
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En entrevista con Línea Directa, el legislador que coordina la Comisión que dictaminará la solicitud de juicio político detalló que el documento fue presentado por la Fiscalía General del Estado (FGE) basándose en información proporcionada por la Auditoría Superior del Estado (ASE).
“La solicitud llegó al Congreso. Es un procedimiento que se va a llevar. Es una declaratoria de procedencia que se solicita por parte de la Fiscalía, a petición de la Auditoría Superior del Estado, que son instituciones independientes que están haciendo un trabajo que detectaron, al parecer, una anomalía. Y están turnando al Congreso la solicitud para la declaratoria de procedencia”, dijo.
Valenzuela Sánchez mencionó que, hasta el momento, la solicitud no ha sido turnada a la Comisión que él preside, la cual se encarga de todo el proceso de desafuero, ya que esto corresponde inicialmente a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado.
En cuanto al procedimiento, explicó que, una vez recibida la solicitud, la Jucopo debe convocar a sesión —la cual puede ser secreta— para incluir el tema en el orden del día, realizar la lectura de la solicitud y turnarla al pleno, que a su vez la enviará a la Comisión Instructora.
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Agregó que dicha Comisión determinará, a través de un dictamen, si procede o no la declaratoria de procedencia, dependiendo de las pruebas presentadas en el expediente remitido por la Fiscalía estatal.
EL CASO
Tanto la Auditoría Superior del Estado como la Fiscalía General del Estado confirmaron anteriormente que abrieron una carpeta de investigación contra el Ayuntamiento de Ahome.
Señalaron la detección de presuntas irregularidades en el contrato de arrendamiento de más de 120 patrullas a una empresa con domicilio fiscal en la Ciudad de México, la cual no habría cumplido con lo establecido en la Ley de Adquisiciones del Estado de Sinaloa.
Además, indicaron los organismos autónomos, el Comité de Adquisiciones de Ahome no solventó la observación, al no justificar suficientemente por qué realizó la contratación mediante adjudicación directa y no a través de licitación pública.
Esta situación derivó en que la ASE remitiera el expediente a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y al Tribunal de Justicia Administrativa.
Es importante destacar que las autoridades están centrando su investigación en el Comité de Adquisiciones, que validó el contrato de arrendamiento por un monto de 176 millones de pesos.
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