Culiacán, Sin.- Con la entrada en vigor hace un año de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la organización civil Iniciativa Sinaloa presentó un diagnóstico realizado en la aplicación de esta, encontrando algunas omisiones delicadas como la ausencia de una fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión.
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En conferencia de prensa, la directora de la organización, Marlén León Fontes, presentó los resultados de evaluación en el monitoreo de la ley aprobada el 24 de mayo de 2022 en el Congreso de Sinaloa, cuyo objetivo es revisar el seguimiento en el cumplimento de esta legislación.
“El objetivo es evitar la implementación por parte de las autoridades a este marco normativo a un año de su aprobación y pues bueno también compartirles a partir de este monitoreo un primer informe”.
El informe fue explicado por las periodistas Sibely Cañedo y América Armenta, quienes comentaron acerca de los aspectos a mejorar en la aplicación de este marco normativo para personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
La ley tuvo un impulso grande a raíz del homicidio del periodista Luis Enrique Ramírez el 5 de mayo de 2022, y uno de los puntos que no se han solventado en esta nueva legislación ha sido la creación de una fiscalía especializada.
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En el monitoreo las disposiciones revisadas junto a la creación de una fiscalía especializada son los criterios de publicidad oficial y la designación de un órgano de control interno por parte del Instituto Estatal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, todas en semáforo rojo al no haberse cumplido.
También aparece en luz amarilla la creación de un estudio de riesgo y zonas de silencio, que son esos espacios en donde no se pueden ejercer ni el activismo ni el periodismo.
En verde quedaron las disposiciones del ingreso a la Plataforma Nacional de Transparencia, los lineamientos para la asignación de recursos y el protocolo de evaluación de riesgos.
En el informe participaron también los periodistas Alejandro Sicairos y Lidia Oralia Sarabia, expresidente y presidenta actual de la Asociación 7 de Junio, respectivamente.
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