Culiacán, Sinaloa. Legisladores presentaron una iniciativa que busca evitar las dilaciones indebidas en los procesos penales en curso. La propuesta establece que el imputado, ya sea de manera directa o a través de su representación legal, debe abstenerse de incurrir en conductas que retrasen el procedimiento, como interponer recursos improcedentes, no colaborar en la práctica de pruebas, faltar a audiencias necesarias o cambiar de abogados de forma reiterada.
Esta iniciativa surge a raíz de los procesos judiciales que enfrentan autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), donde se ha observado un uso excesivo de justificantes médicos para aplazar etapas del juicio. Arredondo Salas explicó que la propuesta tiene como objetivo regular el uso de estos justificantes y otros elementos, con el fin de acotar los tiempos procesales.
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La iniciativa, presentada por diputados de Morena, el Grupo Plural, el PT, Deisy Judith Ayala Valenzuela y Sergio Mario Arredondo Salas, propone reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales y ha sido avalada por la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior del Congreso.
“El espíritu de la iniciativa es claro y específico: evitar las dilaciones en los procesos judiciales, especialmente en casos como los que hemos presenciado en Sinaloa, donde se ha abusado de los justificantes médicos para retrasar las etapas del juicio,” comentó Arredondo Salas. Añadió que, a su parecer, es desafortunado que una autoridad universitaria, comprometida con la educación, recurra a estas prácticas.
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El diputado subrayó que los sinaloenses merecen saber si las autoridades universitarias son inocentes y permitirles demostrarlo, o si hay culpables, conocer el daño causado a la institución. Asimismo, señaló que el uso excesivo de justificantes médicos es visto con desagrado por la sociedad, ya que, aunque legales, estas acciones no corresponden con el compromiso ético que una autoridad universitaria debe tener con la comunidad.
Finalmente, Arredondo Salas aclaró que la iniciativa debe ser un asunto de orden federal y constitucional, y no puede aplicarse únicamente en el estado de Sinaloa.
