Culiacán, Sin.- El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, aclaró que él, como titular del Poder Ejecutivo, no tiene ninguna injerencia en el tema del juicio de procedencia que solicitó la Fiscalía General del Estado (FGE) al Congreso local en contra del presidente municipal de Ahome, Gerardo Vargas Landeros.
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Durante su conferencia semanera de este lunes, el mandatario estatal recordó que este asunto surgió en la Auditoría Superior del Estado (ASE) tras una revisión del uso de los recursos y, al encontrar una posible irregularidad, dio vista a la FGE, la cual a su vez envió la solicitud de procedencia al Poder Legislativo.
“No tengo opinión, no voy a hablar de ese tema porque no está en mi cancha, es la Auditoría Superior del Estado, en una revision presenta denuncia ante la Fiscalía y la Fiscalía ha llevado el tema al Congreso, es allá, yo para nada, ni si está bien ni está mal, no tengo opinión porque el Ejecutivo no tiene tema aquí”, expresó.
El pasado viernes por la tarde llegó al Congreso del Estado de Sinaloa una solicitud de Declaración de Procedencia, también conocida como solicitud de desafuero, en contra del alcalde de Ahome, Gerardo Vargas.
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Esto se debe a presuntas irregularidades encontradas en el arrendamiento de 126 patrullas, por un monto cercano a los 176 millones de pesos, confirmó el diputado presidente de la Comisión Instructora del Poder Legislativo, Rodolfo Valenzuela Sánchez.
EL CASO
Tanto la Auditoría Superior del Estado (ASE) como la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmaron anteriormente que abrieron una carpeta de investigación contra el Ayuntamiento de Ahome.
Señalaron la detección de presuntas irregularidades en el contrato de arrendamiento de más de 120 patrullas a una empresa con domicilio fiscal en la Ciudad de México, la cual no habría cumplido con lo establecido en la Ley de Adquisiciones del Estado de Sinaloa.
Además, indicaron los organismos autónomos, el Comité de Adquisiciones de Ahome no solventó la observación, al no justificar suficientemente por qué realizó la contratación mediante adjudicación directa y no a través de licitación pública.
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Esta situación derivó en que la ASE remitiera el expediente a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y al Tribunal de Justicia Administrativa.
Es importante destacar que las autoridades están centrando su investigación en el Comité de Adquisiciones, que validó el contrato de arrendamiento por un monto de 176 millones de pesos.
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