Culiacán, Sinaloa.- Sin celulares, a puerta cerrada y en una sesión “exprés” de no más de 30 minutos, el Pleno del Congreso de Sinaloa dio entrada a la solicitud de Declaración de Procedencia, también conocida como solicitud de desafuero, en contra del alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros y contra Genaro García Castro, actual diputado por Morena y quien fungió como secretario del Ayuntamiento de dicho municipio.
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De acuerdo a información proporcionada por el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Bernardino Antelo Esper, una vez que se le dio lectura a la solicitud, se turnó a la Comisión Instructora del Poder Legislativo, presidida por el diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez.
“Fue una sesión totalmente a puerta cerrada, sin celulares, sin nada, que como les digo en términos generales es para cumplir una parte del proceso, hoy el proceso va del Pleno a la Comisión Instructora, que es la que va a determinar qué sigue; en esta reunión solamente que fue secreta y yo los que les puedo decir es que sirvió como tramite para turnar a la Comisión, ya se turnó a la Comisión Instructora ”, dijo.
Esta solicitud se debe a presuntas irregularidades encontradas en el arrendamiento de 126 patrullas, por un monto cercano a los 176 millones de pesos.
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La solicitud de juicio político fue presentada al Congreso local el pasado viernes por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), basándose en información proporcionada por la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Una vez que la solicitud fue turnada a la Comisión Instructora, esta determinará, a través de un dictamen, si procede o no la declaratoria de procedencia, dependiendo de las pruebas presentadas en el expediente remitido por la Fiscalía General del Estado.
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EL CASO
Tanto la Auditoría Superior del Estado como la Fiscalía General del Estado confirmaron anteriormente que abrieron una carpeta de investigación contra el Ayuntamiento de Ahome.
Señalaron la detección de presuntas irregularidades en el contrato de arrendamiento de más de 120 patrullas a una empresa con domicilio fiscal en la Ciudad de México, la cual no habría cumplido con lo establecido en la Ley de Adquisiciones del Estado de Sinaloa.
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Además, indicaron los organismos autónomos, el Comité de Adquisiciones de Ahome no solventó la observación, al no justificar suficientemente por qué realizó la contratación mediante adjudicación directa y no a través de licitación pública.
Esta situación derivó en que la ASE remitiera el expediente a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y al Tribunal de Justicia Administrativa.
Es importante destacar que las autoridades están centrando su investigación en el Comité de Adquisiciones, que validó el contrato de arrendamiento por un monto de 176 millones de pesos.
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