Culiacán, Sinaloa.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH) emitió el pasado 28 de noviembre la recomendación general 2/2022, dirigida a los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Fiscalía General del Estado y gobiernos municipales, respecto al Desplazamiento Forzado Interno (DFI).
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José Carlos Álvarez Ortega, presidente estatal del organismo autónomo, expresó que en esta recomendación general se hizo un análisis del contexto del fenómeno del desplazamiento forzado interno en la entidad y del marco jurídico internacional y nacional, que reconoce los derechos humanos que les son vulnerados a las víctimas de desplazamiento provocado por la violencia en sus comunidades de origen.
“La recomendación general 2/2022 fue el análisis lógico jurídico realizado a 17 expedientes tramitados ante esta CEDH Sinaloa, así como a informes rendidos por autoridades estatales y municipales, en los que se advirtió que en algunos municipios de Sinaloa prevalece una situación de desalojo forzado de personas que transgrede sus derechos humanos, particularmente sus derechos a la libertad de circulación y residencia, y el derecho a no ser expulsados forzadamente, a la seguridad personal, a la propiedad, a un nivel de vida adecuado, y al trabajo, a la vivienda o alojamiento, a la protección a la salud, al acceso a la educación y al acceso a la justicia”, externó el funcionario.
En conferencia de prensa, Álvarez Ortega advirtió la falta de implementación de medidas adecuadas y oportunas para atender el desplazamiento forzado interno, la omisión del reconocimiento y registro de personas desplazadas, la importancia del fondo especial para la atención y protección de personas desplazadas y de implementar el Programa para la Atención y Protección de Personas Desplazadas.
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Con base en el análisis anterior, reveló que emitieron 10 puntos recomendatorios a los tres niveles de gobierno y a los 18 ayuntamientos, mismos que no son limitativos, ya que se busca que cualquier autoridad, en el ámbito de sus respectivas competencias y de estar relacionada con la prevención y atención, actúen conforme a derecho y considerando los argumentos antes expuestos.
Finalmente, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa, José Carlos Álvarez Ortega, reconoció que la administración que encabeza el gobernador Rubén Rocha Moya, ha dado respuesta a este tema de desplazados, lo mismo con las anteriores recomendaciones presentadas con relación a la desaparición forzada de personas y la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes, pero, aún falta mucho trabajo por hacer.
