Angostura, Sinaloa. Ante la reciente propuesta del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de destinar 30 millones de pesos para la compra de 100 hectáreas de tierra como una medida para poner fin al conflicto agrario que se ha mantenido en la zona de La Ilama, Sidronio Montoya Castro, representante del grupo de ejidatarios que se dicen legítimos propietarios, consideró que igual el tema se tiene que decidir en tribunales.
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Indicó que si llega a darse la conciliación, igual el acuerdo tiene que ser validado por el Tribunal Agrario.
Destacó que los 30 millones propuestos por el gobernador serían suficientes, siempre y cuando las tierras permanezcan en manos de los ejidatarios y el dinero se utilice exclusivamente para indemnizar a las otras partes involucradas, ya que, según él “las otras partes no son beneficiarias de esas tierras”.
“Pues es que ellos están poniendo un precio de 200, 300 mil pesos por hectárea de una tierra que no es de ellos, que no tienen un sustento jurídico, un sustento legal, que diga, te voy a vender una hectárea porque es mía, la asamblea me la asignó, pero esa asamblea ya fue declarada nula, fue declarada ilegal”.
Recordó que el conflicto involucra un total de 945 hectáreas, de las cuales 520 están actualmente en manos de personas que según él no tienen derecho legítimo sobre ellas.
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Montoya Castro también enfatizó que aunque está dispuesto a explorar la solución propuesta por el gobernador, no abandonará la vía jurídica, pues de hacerlo se quedarían sin ningún arma.
Asimismo, manifestó que la solución ideal sería que las tierras se devuelvan a los ejidatarios sin que se pague dinero a quienes, según él, se han apoderado de ellas de manera indebida e insistió en que hay como probar que la gente que está en posesión no tiene derecho a esas tierras.
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A pesar de reconocer que la propuesta del gobernador representa un avance, Sidronio Montoya Castro lamentó la demora en alcanzar una solución justa y definitiva, especialmente ante la cercanía del nuevo ciclo agrícola, porque entre sus representados existe la idea de no permitir que los posesionarios las siembren, pus quienes tienen la documentación para hacerlo son ellos.
Señaló que están cansados de luchar y de tantas reuniones, y si al final de todo esto va a ser a través de un convenio de darles dinero a personas que no tienen derecho, ¿entonces la justicia dónde queda?, cuestionó.
