Culiacán, Sinaloa. Por mayoría con 33 votos a favor, en el Pleno del Congreso de Sinaloa los diputados aprobaron en la sesión extraordinaria de este jueves 12 de febrero de 2026, expedir la Ley para prevenir, investigar y sancionar el delito de extorsión del Estado de Sinaloa, así como también que se derogue el artículo del Código Penal que corresponde a este delito.
Durante la discusión del dictamen, la diputada local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Irma Moreno Ovalles, reprochó la premura con la que se aprobó este dictamen, debido a que fue la noche de este miércoles cuando se les hizo llegar dicho dictamen, sin tener tiempo para analizarlo.
Manifestó que si bien están a favor de combatir el delito de extorsión, resulta preocupante que el capítulo tercero del proyecto relativo a previsiones para la investigación, persecución, sanción y ejecución penal particularmente en los artículos 12 al 18, no incorpora de manera expresa la figura de la reparación del daño a favor de las víctimas.
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Agregó que no bastaría sostener que la Ley General contempla este derecho y que resulte innecesario reiterarlo.
“Sí, esta legislación local no fortalece el derecho de las víctimas, sino amplía garantías, sino que mejora mecanismos de protección y reparación, corremos el riesgo de aprobar un texto que carezca del rigor técnico que exige un tema tan sensible como es la extorsión y particularmente el derecho humano de las víctimas a la reparación integral del daño”, expresó.
Por su parte, la diputada local por Morena, Juana Minerva Vázquez González, se pronunció a favor de dicho dictamen.
“Este dictamen no es un mero trámite, no es una mera armonización, no solamente es un ajuste en la redacción, sino es una decisión estratégica para que podamos reducir una problemática real con herramientas legales, operativas y eficaces, en un terreno en donde la delincuencia se aprovecha de los vacíos y de la dispersión normativa que hasta el momento existían”, dijo.
En ese sentido, la diputada presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Sinaloa, María Teresa Guerra Ochoa, destacó que con esta nueva ley destacó que se incrementa la penalidad y pasa de 4 a 12 años de prisión que tenía el delito de extorsión, a de 15 a 25 años.
Sobre la premura de la aprobación del dictamen, defendió que lo que se está haciendo es una Ley Espejo, con la que se aprobó a nivel nacional y el tema se ha venido discutiendo por semanas.
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“Es una ley que lo que está haciendo es crear una Ley Espejo, entonces, es un tema que de alguna manera como legisladores sabíamos y conocíamos. Yo creo que lo que debemos de destacar y creo que en eso habría consenso, es cómo de 4 a 12 años que tenía el delito de extorsión lo estamos llevando de 15 a 25 años, es una penalidad ejemplar para efecto de inhibir el delito”, dijo.
La nueva ley, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa, consta de 23 artículos básicos divididos en cuatro capítulos, más tres artículos transitorios, en uno de los cuales se establece que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado contará con 90 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto para emitir la Estrategia para prevenir y combatir el delito de extorsión en el Estado de Sinaloa, prevista en el artículo 22 de la Ley para prevenir, investigar y sancionar el delito de extorsión del Estado de Sinaloa.
Esta ley establece las obligaciones y formas de coordinación entre las autoridades del estado para la prevención, investigación persecución y sanción del delito de extorsión y los delitos vinculados.
Asimismo, se contemplan las reglas, procedimientos y previsiones mínimas para la investigación, persecución, sanción y ejecución penal del delito de extorsión, así como las acciones, programas y políticas transversales e interinstitucionales que las autoridades del Estado deben implementar para la prevención efectiva del delito de extorsión.
También se considera que para la investigación de las conductas previstas en esta Ley, la Fiscalía contará con una unidad integrada por ministerios públicos, policías y analistas capacitados, evaluados, certificados y especializados en materia de extorsión, de conformidad con los criterios que establezca el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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De igual manera señala que las personas imputadas por la comisión del delito de extorsión estarán sujetas a prisión preventiva oficiosa durante el proceso penal, siempre y cuando se le impute también la comisión de cualquiera de las conductas agravantes que se encuentran previstas en los artículos 17 y 18 de la Ley General.
Se expone que el delito de extorsión y los delitos vinculados previstos en la Ley General se investigarán y perseguirán de oficio.
Se indicó también que el hecho probado de la comisión del delito de extorsión y sus agravantes, cometido por medio de telefonía celular proveniente de un centro penitenciario del estado, será considerado para la aplicación de la sanción disciplinaria de restricción temporal del tránsito en el interior de algún centro penitenciario, la prohibición temporal del uso de aparatos electrónicos públicos o el aislamiento temporal, en los términos previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Sobre esto último se puntualiza que las personas directoras de los centros penitenciarios del estado deberán tomar las medidas necesarias a fin de que las personas sentenciadas por el delito de extorsión no tengan acceso a medios digitales como teléfonos celulares, tabletas o computadoras.
En tanto que las instituciones de Seguridad Pública, de procuración y de administración de justicia, en el ámbito de sus respectivas competencias estarán obligadas a desarrollar proactivamente sus funciones para evitar la comisión del delito de extorsión, asegurar que las personas no sean víctimas de este, y que tengan acceso a los derechos y garantías que la presente ley reconoce.
Cabe mencionar que la nueva ley aprobada se elaboró con base en nueve iniciativas, una de las cuales fue presentada recientemente por el gobernador Rubén Rocha Moya.
¿Qué es el delito de extorsión?
La extorsión es un delito que ocurre cuando una persona mediante amenazas, intimidación o violencia, obliga a otra a hacer, dejar de hacer o tolerar algo en contra de su voluntad, generalmente con el propósito de obtener dinero, bienes o algún beneficio indebido, y está sancionado con penas de prisión y multas en la legislación mexicana.
¿A dónde denunciar el delito de extorsión en Sinaloa?
En Sinaloa (México) si eres víctima del delito de extorsión puedes presentar tu denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, acudiendo personalmente a sus oficinas o levantando una denuncia en línea a través del portal oficial de la Fiscalía, donde te ayudan a iniciar una carpeta de investigación. También puedes comunicarte con los números de contacto que la Fiscalía tiene disponibles para atención ciudadana y reportar lo ocurrido directamente con el Ministerio Público.
Además, existe la línea de denuncia anónima 089 para reportar extorsiones y otros delitos sin necesidad de identificarte, así como números especializados de la propia Fiscalía como el 800-221-5803 de la Unidad Especializada Antisecuestros para reportar intentos de extorsión o secuestro virtual.