Culiacán, Sinaloa. En la sesión ordinaria de este martes 10 de febrero de 2026, de la Diputación Permanente, avanzaron cuatro iniciativas relativas al delito de extorsión, de las cuales una fue presentada por el gobernador Rubén Rocha Moya, quien propone expedir una ley exclusivamente para atender esta problemática.
La iniciativa presentada por el Ejecutivo estatal, se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, y de Justicia para su análisis y correspondiente dictaminación. Las tres restantes fueron turnadas a la Comisión de Justicia.
En su propuesta, el mandatario estatal propone expedir la Ley para prevenir, investigar y sancionar el delito de extorsión del Estado de Sinaloa, y derogar el artículo 231 del Código Penal para el Estado de Sinaloa.
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Durante la lectura, el secretario de la Diputación Permanente, Hólincer Castro Marañón, expuso que esta iniciativa tiene por objeto establecer las reglas, procedimientos y previsiones mínimas para la investigación, persecución, sanción y ejecución penal del delito de extorsión.
“La presente ley tiene como objeto establecer las obligaciones y formas de coordinación entre las autoridades del Estado para la prevención, investigación, persecución y sanción del delito de extorsión y los delitos vinculados”, expresión.
La ley propuesta se integra por 24 artículos básicos, divididos en cuatro capítulos, así como tres artículos transitorios, estableciéndose en el tercero que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado contará con 90 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para emitir la estrategia para Prevenir y combatir el delito de extorsión en el Estado de Sinaloa, prevista en el artículo 23 de la Ley para prevenir, investigar y sancionar el delito de extorsión del Estado de Sinaloa.
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Por otra parte, la diputada Juana Minerva Vázquez González, de Morena, propone armonizar el contenido local con la Ley general para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión, ya que esta establece un nuevo tipo penal, el cual consiste que a quien, sin derecho, obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro o causando a alguien un daño o perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico, se le impondrán de 15 a 25 años de prisión y una multa de 300 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; agravantes que van desde los 4 a los 8 años de prisión, y aumento de 5 a 12 años de prisión adicional en caso de que la víctima sea un menor de edad, persona adulta mayor, persona migrante, se haga uso de la tecnología, dispositivos o plataformas, o se simule tener privada de la libertad a una persona.
También, se determina aumento de penas de 7 a 12 años de prisión cuando la comisión del delito sea mediante el uso de violencia física, en los casos de los llamados monta choques, mediante el uso de armas de juguete, cuando se cometa con el objeto de restringir la libertad de expresión o la defensa de derechos humanos, cuando el delincuente sea o diga ser empleado de una institución bancaria, se cometa por una persona servidora pública; se establecen sanciones para quien, sin la autorización correspondiente, introduzca o intente introducir a un centro de readaptación social, establecimiento penitenciario o centro de internamiento para menores, cualquiera que sea su denominación, algún dispositivo electrónico o sus componentes que permita la transmisión de datos, voz, geolocalización o imágenes mediante telefonía fija o móvil, radiofrecuencia, satelital, Internet o tecnología análoga, se le impondrá una pena de 6 a 12 años de prisión y multa de 120 a 240 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
La iniciativa de la diputada Erika Rubí Martínez Rodríguez, de Morena, propone imponer prisión de cuatro años y seis meses a doce años y de doscientos a cuatrocientos cincuenta días multa.
Asimismo, contempla incrementar estas penas hasta una mitad más cuando: la víctima sea una persona menor de edad, que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, o persona mayor de sesenta años, o personas con discapacidad, indígena, o mujer embarazada; intervengan una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos; y se emplee violencia física o algún daño psicológico a la integridad de la víctima directa o cualquier persona con quien este tuviere vínculo, entre otras.
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La cuarta iniciativa es del grupo parlamentario del Partido Sinaloense (PAS) y de las ciudadanas Emma Contreras Villapudua y Paula Liliana Díaz Quiñónez, que propone reformar y adiciones diversas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa en materia de Extorsión.
Tiene por objeto homologar criterios de enfoque especializado especialmente a raíz de la reciente aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión a nivel nacional, unificando la creación de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Extorsión dentro de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
Considera que ello permitirá concentrar recursos humanos y materiales especializados, con personal capacitado para investigar las complejas modalidades de este delito, garantizando una persecución penal más eficaz y una atención integral a las víctimas, tal como se ha hecho con otras fiscalías especializadas en el Estado.
¿A dónde denunciar el delito de extorsión en Sinaloa?
En Sinaloa, el delito de extorsión puede denunciarse de forma anónima llamando al 089, una línea gratuita que opera las 24 horas y no requiere proporcionar datos personales. También puedes marcar 911 si la amenaza está ocurriendo en ese momento o hay riesgo inmediato, para recibir atención urgente de las autoridades.
Si deseas presentar una denuncia formal, puedes acudir a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE), donde se inicia una carpeta de investigación y se da seguimiento al caso. Es importante no pagar a los extorsionadores y conservar cualquier evidencia (números telefónicos, mensajes o grabaciones) para apoyar la denuncia.
