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Culiacán, Sinaloa.- Partiendo de que ninguna ley secundaria o decreto puede estar por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el vocal de la Junta Local del INE en Sinaloa, Jorge Luis Ruelas Miranda, dijo que los funcionarios públicos corren el riesgo de ser sancionados si deciden promover la consulta de revocación de mandato, atendiendo el decreto que aprobó el jueves el Senado de la República, que les da esa facultad.
“Lo que si le puedo decir es que corren el riesgo de que alguien presente quejas en contra de ellos y las quejas tendrán que recibirse por la autoridad electoral”.
¿Deben cuidarse los funcionarios sobre este particular?
“Pues deben de ser prudentes, y deben de valorar si vale la pena correr el riesgo porque no fue modificada la Constitución política, y la Constitución prohíbe este tipo de prácticas.
Ruelas Miranda manifestó que conforme a la ley existen plazos para que los partidos políticos, diputados y senadores presenten una controversia Constitucional por este decreto que viola la Carta Magna, dicha inconformidad se tiene que entregar ante la Suprema Corte de Justica de la Nación, y por los tiempos de la consulta que se realizará el próximo 10 de abril pudiera haber una resolución antes, pero, por el trabajo que tienen los ministros existe la posibilidad para una fecha posterior.
Ruelas Miranda pidió ser pacientes en este tema porque hay que dejar claro que en el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que las leyes federales y locales deben de comulgarse y promulgarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral,
Asimismo, en la Constitución se establece la prohibición de hacer modificaciones fundamentales durante el proceso y probablemente se esté ante ese supuesto de una modificación fundamental porque es la campaña de la consulta para la revocación de mandato, y al final del día la Constitución prevalecerá, entonces, quiere decir que este decreto que permite que funcionarios públicos puedan hacer campaña tenga valides hasta el año 2024.
