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Sinaloa.- Los derechos humanos se han convertido en el eje principal del marco jurídico nacional, partir de 2011, cuando fue integrado el principio Pro Hominea a nuestra carta magna, y, en tal sentido, nuestro ejercicio legislativo debe realizarse siempre, tomando en cuenta las garantías individuales, manifestó la diputada María Aurelia Leal López en ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos.
“Las autoridades de todos los niveles y de todos los poderes del Estado, tenemos la obligación de emitir y ejecutar actos, normas y resoluciones en el sentido de la más amplia protección a los derechos humanos y la menor restricción a su limitación”, dijo la vocal de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado de Sinaloa.
Sin embargo, deploró, durante los últimos años se han registrado diversas violaciones a las garantías individuales en perjuicio de indígenas, migrantes, de las mujeres que son objeto de feminicidios y violencia de género en el país y el estado de Sinaloa, sin que existan consecuencias para los responsables, ni para las autoridades que cometen o solapan esos abusos, dijo Aurelia Leal, quien citó los ejemplos de la desaparición de normalistas de Ayotzinapa y la matanza de Acteal, al igual que el reciente accidente ocurrido en Chiapas, donde murieron 53 migrantes sudamericanos al ser transportados en un camión de carga, hecho que dijo lamentar profundamente.
Como legisladores, tenemos la obligación de conocer primeramente cuáles son los derechos humanos que la constitución y los tratados internacionales amparan, y recordar, principalmente, que son derechos que no se otorgan por ser ciudadanos de una nación en particular, sino por el solo hecho de ser seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición, agregó.
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En ese sentido, añadió, se debe realizar el trabajo legislativo siempre garantizando su más amplia protección “y no solo eso, sino que tenemos que ser garantes de que esto se respete a través de los demás poderes del Estado, e intervenir en los casos en los que dichos derechos se vean violentados o vulnerados ya sea a personas o a grupos sociales, étnicos, o de género.”
