Culiacán, Sin.- De manera formal, hasta el momento la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado no ha recibido ninguna respuesta de la autoridad universitaria ante el desistimiento del recurso de revisión contra el amparo promovido por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), informó Ricardo Madrid Pérez.
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El presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo manifestó que la determinación que tomó la 64 Legislatura de dar un paso hacia adelante y estructurar un diálogo con la autoridad universitaria se hizo con la convicción de que deben concentrarse en lo que más le importa a la comunidad universitaria.
“Todavía de manera formal esta Legislatura, la Presidencia de la Mesa no ha recibido ninguna respuesta de la autoridad universitaria, conocimos ayer, realmente por los medios de comunicación, por ustedes que hacen un gran trabajo, la comunicación que entabló la comunidad universitaria con el ejecutivo del Estado”, dijo.
Madrid Pérez reiteró la invitación permanente al diálogo y a que se construyan los acuerdos necesarios para delinear la reforma, una que tiene que ser única y exclusivamente con la opinión de la comunidad universitaria.
Agregó que está del lado de la autoridad universitaria, con el fin de que se hagan las valoraciones necesarias para avanzar en el diálogo. Asimismo, está de acuerdo con que se presenten en su momento la propuesta de iniciativa que tenga la UAS para que forme parte del análisis que debe hacer el Congreso y las comisiones sustantivas correspondientes.
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Puntualizó que como diputados les corresponde llevar a cabo el proceso legislativo conforme lo marcan las leyes.
Para consulta sobre reformar Ley Orgánica se basarán en el 2do. Artículo de Ley de Educación Superior
Uno de los artículos que están en la sentencia del juez que otorgó a favor de la UAS, dice que el Congreso del Estado ya no podrá organizar la consulta, sin embargo, hoy se va a basar en el segundo artículo de la Ley General de Educación Superior, declaró el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo, Feliciano Castro Meléndrez.
En conferencia de prensa, mencionó que en cualquier momento se puede iniciar con este proceso en los términos que lo están haciendo que tengan que ver con la lectura de las iniciativas.
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Aseguró que tienen concebido un calendario, pero que no lo van a anticipar, sino que en su momento lo irán presentando y se va a compartir la propuesta a la autoridad universitaria.
“En qué nos vamos a basar, en el segundo artículo de la Ley General de Educación Superior, qué dice: el artículo no dice quién lo organiza, no dice que lo organiza el Congreso, tampoco dice que lo organiza la Universidad, la autoridad universitaria, pues necesitamos platicarlo y creo que platicando podemos entendernos”, dijo.
Asimismo, expresó que espera que por el bien de Sinaloa y de la Universidad misma haya una respuesta, pues lo que se quiere es apostarle el diálogo.
Por su parte, el diputado presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, Adolfo Beltrán Corrales, expuso que la resolución del juez primero de distrito es vigente y los artículos que concedió la suspensión ya no se le aplican a la UAS, sin embargo, eso no los inhabilita para hacer una reforma a la Ley Orgánica.
“El amparo que otorgó el juez primero de distrito queda firme, las disposiciones que son inaplicables a la Universidad quedan firmes, pero eso no nos inhabilita para hacer una reforma a la Ley Orgánica”, expresó.
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El presidente de la Jucopo abundó que el Congreso del Estado tiene una atribución otorgada, el artículo 43 fracción II de la Constitución local que establece que es atribución exclusiva del Congreso hacer, reformar, derogar leyes y nunca habrá un amparo que niegue eso.
Por lo anterior, indicó que el proceso Legislativo no es susceptible de amparo, como lo son los productos del proceso Legislativo que, en un momento dado, alguien pudiera decir que los afecta en sus derechos.
Aprovechó para recordar que el marco legal de la reforma a la Ley Orgánica de la UAS es la constitución política del país particularmente el tercero y la Ley General de Educación Superior el artículo segundo.
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Por último, reiteró la voluntad para poner en el centro el interés de la Universidad, donde destacó que ese es el punto del Congreso y no los procesos penales.
