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Congreso de Sinaloa reitera negativa a restitución de Gerardo Vargas y anuncia demandas penales

Los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado emitieron un posicionamiento público en donde informaron que demandaron penalmente a un juez de Zacatecas, a Vargas Landeros y sus abogados

Congreso del estado de Sinaloa | Foto: Archivo de Línea Directa

Culiacán, Sinaloa. – Tras las declaraciones de Gerardo Vargas Landeros, quien asegura que un juez ordenó su restitución como alcalde de Ahome, los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado de Sinaloa, a través de sus instancias jurídicas, han promovido diversas acciones legales en defensa de la constitucionalidad de sus actos, así como en contra del actuar “ilegal” del Juez Primero de Distrito del estado de Zacatecas.

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En un posicionamiento público, los integrantes de la Jucopo detallaron que estas acciones incluyen demandas penales en contra del juez, de Gerardo Vargas Landeros y de sus abogados, las cuales fueron presentadas el 7 de agosto ante el Ministerio Público Federal con sede en Zacatecas.

En ese sentido, reiteraron que nunca han sido notificados formalmente de ninguna resolución que conceda suspensión definitiva en el caso de Ahome.

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A través del comunicado, los legisladores expusieron que la Declaratoria de Procedencia en contra de Gerardo Vargas Landeros, aprobada de manera unánime el 1 de mayo de 2025, y el nombramiento de alcalde sustituto para el municipio de Ahome, acordado el 2 de mayo de 2025, son irrecurribles, es decir, inimpugnables, según lo dispuesto en la Queja 33/2021 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en la Jurisprudencia 1a./J.44/2004.

Comunicado del Congreso del Estado de Sinaloa | Foto: Cortesía

En el recurso antes mencionado se determinó que el juicio de amparo no es la vía para controvertir una Declaratoria de Procedencia, dada la facultad soberana de las legislaturas locales. Además, se protege un interés jurídico superior al retirar el fuero de cualquier funcionario para ser procesado y enjuiciado, quedando los jueces libres de cualquier injerencia o control.

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En el caso de Gerardo Vargas Landeros, indicaron que la Ley de Amparo establece la improcedencia del citado juicio de garantías, al tratarse de hechos consumados (acordados y ejecutados desde el 1 y 2 de mayo de 2025), como lo prevé el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo.

Por esta razón, ningún juzgado, actuando dentro del marco constitucional, debió dar trámite a amparo alguno, y menos conceder suspensión definitiva, al existir dos resoluciones previas que negaban la suspensión, como fue en el caso del Juez Quinto de Ahome y el Juzgado Décimo Tercero de Baja California, según lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley de Amparo.

Señalaron que los comunicados del quejoso forman parte de su estrategia jurídico-mediática para mantenerse presente en los medios de comunicación y generar, con información imprecisa, manipulación de la opinión pública.

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Afirmaron que no existe posibilidad de que este Congreso sea obligado a restituir en cargo alguno al alcalde depuesto, mientras no exista una resolución absolutoria de los procesos penales en los que está imputado.

Expusieron que la actuación del Congreso en el caso Ahome es constitucional, plenamente apegada a derecho y confirma su compromiso de actuar conforme a la Constitución federal, la del Estado de Sinaloa y la Ley de Amparo.

Cabe mencionar que el desplegado está firmado por: la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena y presidenta de la Jucopo, María Teresa Guerra Ochoa; del Partido Acción Nacional (PAN), Roxana Rubio Valdez; del Partido del Trabajo (PT), Mónica Ramírez López; del Partido Verde Ecologista de México, Rodolfo Valenzuela Sánchez; Sergio Torres Félix, de Movimiento Ciudadano; Bernardino Antelo Esper, del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Víctor Corrales Burgueño, del Partido Sinaloense (PAS); Yeraldine Bonilla Valverde, presidenta de la Mesa Directiva; y Consuelo Gutiérrez Gutiérrez, secretaria general del Congreso.

Dicha información fue confirmada por la presidenta de la Jucopo, María Teresa Guerra Ochoa, durante una conferencia de prensa.

“Estamos estableciendo todos los recursos que hemos promovido. Una demanda penal en contra del juez, que involucra a los propios abogados que están interviniendo en este proceso. ¿Por qué razón? Porque además se están falseando los hechos”, expresó.

Fuente: Línea Directa

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Beatriz Piña

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