Los Mochis, Sinaloa. – El alcalde desaforado de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, afirmó a través de un video que el Poder Judicial de la Federación (PJF) ordenó su restitución en el cargo. Señaló que, a su juicio, las autoridades estatales y municipales incurrieron en desacato al no acatar la suspensión definitiva que previamente le fue concedida por un juez federal.
Entérate de la información del norte de Sinaloa en la sección especial de Línea Directa
Explicó que, ante la negativa de dichas autoridades, presentó un recurso de cumplimiento el 31 de julio, conforme a la Ley de Amparo. Según su declaración, este recurso fue revisado el 15 de agosto cuando se resolvió que sí hubo incumplimiento de la suspensión definitiva, lo que —dijo— confirmaba la validez de sus alegatos.
Debes leer: “Soy respetuoso de las decisiones”: Vargas tras segunda vinculación a proceso por caso patrullas
De acuerdo con Vargas, en la resolución se reiteró que las autoridades estatales y municipales deben dar cumplimiento total e inmediato a lo ordenado, bajo apercibimiento de las sanciones que contempla la Ley de Amparo en casos de desacato, que incluyen la posibilidad de configurar un delito federal.
El alcalde desaforado agregó que los jueces de distrito de Culiacán y Los Mochis estarían facultados para auxiliar a la justicia federal en notificaciones y apercibimientos, e incluso para hacer uso de la fuerza pública en caso necesario.
Te puede interesar: Juez vincula a proceso a Gerardo Vargas Landeros por adquisición irregular de patrullas en Ahome
“Ratifico ante ustedes que la justicia federal ha dictaminado que me asiste la razón jurídica y que el mandato de restitución es firme, válido, obligatorio e inmediato. Yo ya he cumplido con lo que la ley me ordena y seguiré actuando irrestrictamente dentro del marco del derecho”, expresó en el video difundido en sus redes sociales.
Finalmente, Vargas Landeros sostuvo que las autoridades estatales y municipales no tienen facultades para desestimar resoluciones derivadas de un juicio de amparo, y que cuentan con medios legales para presentar recursos en caso de desacuerdo.