Culiacán, Sin. Por petición de la parte acusada, un juez de control canceló dos audiencias especiales del alcalde desaforado de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, programadas para este martes, donde presentarían dos escritos por los casos de abuso de autoridad y delito cometido por servidores públicos, así como por desempeño irregular de la función pública.
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La primera audiencia por el delito de abuso de autoridad y delito cometido por servidores públicos estaba programada a las 08:30 horas en la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Centro, tras ser solicitada por el presidente municipal desaforado, sin embargo, uno de sus abogados externó al juez que no contaban con el equipo jurídico que llevaría la voz.
El juez Carlos Alberto Herrera respondió que debía llevarse a cabo, pues estaban presentes el vinculado y dos de sus abogados.
En respuesta, su defensa pidió que se cancelara dicha diligencia y también la que se tenía programada a las 11:00 horas por el delito de desempeño irregular de la función pública, relacionado con el arrendamiento de 135 vehículos para patrullas para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome. La solicitud finalmente se dio por aceptada por el juzgador.
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En su salida de los juzgados, en entrevista con medios de comunicación, Vargas Landeros declaró que sus defensores no se presentaron porque no alcanzaron vuelos para llegar, ya que no viven en Sinaloa.
Al cuestionarle cuáles escritos presentará ante el juez de control, respondió que forma parte de su estrategia, por lo que se sabrá hasta que se reprogramen las audiencias.
“Es parte de una estrategia que trae mi defensa, tuvimos problemas en los vuelos, no alcanzaron a conseguir lugar. Es parte de la estrategia, no te puedo decir, no sé, es parte de la estrategia que traemos”, dijo.
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Alcalde desaforado de Ahome, Gerardo Vargas Landeros | Foto: Xiomara Ramírez
Ayer lunes, el alcalde desaforado de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, afirmó a través de un video que el Poder Judicial de la Federación (PJF) ordenó su restitución en el cargo. Señaló que, a su juicio, las autoridades estatales y municipales incurrieron en desacato al no respetar la suspensión definitiva que previamente le fue concedida por un juez federal.
Explicó que, ante la negativa de dichas autoridades, presentó un recurso de cumplimiento el 31 de julio, conforme a la Ley de Amparo. Según su declaración, este recurso fue revisado el 15 de agosto, cuando se resolvió que sí hubo incumplimiento de la suspensión definitiva, lo que —dijo— confirmaba la validez de sus alegatos.
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