Culiacán, Sin.- Con el fin de que las y los jóvenes cuenten con derecho a un desarrollo integral, y que para ello el Estado impulse políticas públicas con un enfoque multidisciplinario que propicien su inclusión en los ámbitos económico, social, educativo, cultural y deportivo, diputadas y diputados aprobaron por unanimidad una reforma constitucional.
En Sesión Ordinaria de este jueves del Congreso del Estado de Sinaloa, se adicionó la fracción 14 al artículo 4 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
Debes leer: Algunos diputados asumen actitud de confrontación, lamenta Feliciano Castro
Este artículo establece que es obligación del Estado tomar las medidas correspondientes a efecto de dar cumplimiento a los correspondientes derechos y deberes de los ciudadanos y ciudadanas.
La fracción que se añade establece como obligación para el Estado:
“El desarrollo integral de las personas jóvenes impulsando políticas públicas con un enfoque multidisciplinario que propicien su inclusión en los ámbitos político, social, económico y cultural en el estado y sus municipios, como un deber y un derecho que el Estado debe hacer efectivo”.
En un artículo transitorio se establece que la presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa.
La reforma aprobada fue propuesta en tres iniciativas, una de las cuales fue propuesta por el diputado Ricardo Madrid Pérez, del PRI, otra por la ciudadana Jesús Angélica Díaz Quiñónez y el ciudadano Víctor Antonio Corrales Burgueño, y la tercera por el ciudadano Gómer Monárrez Lara.
Asimismo, que se expidan leyes en materia de formación y desarrollo integral de la juventud, cumpliendo con las leyes federales en la materia y los tratados internacionales de los que México sea parte.
Te puede interesar: ¡Por primera vez! Congreso expide ley que previene, investiga y sanciona tortura y tratos crueles
De igual manera, garantizar la equidad generacional mediante la participación de las y los jóvenes en la administración pública estatal y municipal en los cargos de mandos medios y superiores, en el que se respete el principio de paridad de género.
Al ser reforma constitucional el expediente será turnado a los municipios para la aprobación correspondiente.
