Los Mochis, Sin.- Las condiciones precarias y de hacinamiento en las que viven las mujeres jornaleras indígenas que realizan labores en los campos agrícolas de Sinaloa las exponen a ellas y a sus hijas e hijos a condiciones de explotación laboral, sexual, e incluso a ser víctimas de un delito, denunció el colectivo feminista Sororas.
Alejandra Monserrat Limón Reyes, vocera de Sororas, detalló que en las revisiones que han realizado las autoridades, entre ellas la Secretaría de las Mujeres, quedan al descubierto las terribles condiciones del alojamiento que reciben niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres y adultos mayores.
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En la mayoría de los casos no cuentan con baños privados, son colectivos, es decir, conviven en ellos niños y adultos y mujeres y hombres: carecen de servicios públicos como luz, agua o drenaje; son cuartos reducidos de material endeble que poco los protege de las condiciones climáticas.
“Son condiciones deplorables en las que se encuentran, en situaciones donde llegan a ser expuestas a situaciones de explotación sexual o llegan a ser abusadas, violentadas. También en temas fundamentales como la atención médica, recordemos que no hace mucho se presentó el caso de esta joven que terminó teniendo a su bebé, terminó pariendo en un espacio de tierra porque no fue bien atendida en una institución médica, sí se les somete a todas estas vulnerabilidades de alguna forma que el Estado no ha podido cubrir ni darle un seguimiento continuo. Lo que hemos observado es que se acercan cuando pasan hechos que suenan como muertes de bebés, que son hijos e hijas de jornaleras y ya después no se les da un seguimiento como continuo y son actos o hechos que siguen pasando”, dijo.
Y, lo más importante, carecen de seguridad social, lo que impide que mujeres y sus hijos y personas enfermas puedan tener acceso a servicios de salud.
Además, por no contar con un contrato laboral escrito trabajan jornadas extenuantes, algunas de ellas embarazadas, sin ningún tipo de medida de protección, tampoco se vigila si se realiza la contratación de menores, porque la relación obrero-patronal se establece a través de intermediarios, en la zona norte la mayoría de los casos estos son los transportistas.
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Estos transportistas son los encargados de engancharlos en sus comunidades, alojarlos, brindarles alimentación y los pagos de sus salarios, los cuales sufren de considerables deducciones.
Limón Monserrat lamentó que los casos de explotación laboral y pobreza extrema de los jornaleros migrantes indígenas se sigan presentado cada ciclo agrícola, porque en la región se le concede el menor valor agregado y la menor especialización posible para legitimar el abaratamiento deliberado de la mano de obra.
Es por eso que hace un llamado a las autoridades a brindar un real seguimiento al fenómeno y sancionar a quienes exponen a los trabajadores agrícolas a condiciones de explotación laboral, la comisión de delitos y la violación de sus derechos humanos.
